Las redes sociales se han convertido en escenarios donde la opinión pública dicta veredictos antes que los jueces. En México, el fenómeno del juicio paralelo avanza con fuerza, especialmente en casos de alto perfil que involucran violencia de género, corrupción o delitos contra la infancia. En estos contextos, la presión virtual puede ser tan intensa que condiciona las decisiones judiciales, erosionando la presunción de inocencia.
El abogado penalista Gabriel Castañeda Gómez Mont advirtió recientemente que “el sistema de justicia no puede ser rehén de los trending topics”. Asegura que los jueces deben fallar basándose en pruebas procesales, no en likes ni hashtags. Aunque las redes permiten visibilizar casos que tradicionalmente eran silenciados o minimizados, también abren la puerta a sentencias anticipadas que afectan la legitimidad del proceso judicial.
El impacto de la viralización ha sido visible en casos como el de Daphne Fernández, donde el escándalo mediático generó una rápida reacción institucional. Este tipo de reacción puede ser útil para combatir la impunidad, pero también crea una ilusión de justicia inmediata que muchas veces no se condice con los tiempos procesales ni las garantías del sistema penal.
Castañeda Gómez Mont sostiene que muchos casos “se condenan públicamente con una emocionalidad comprensible, pero sin elementos jurídicos”. En ese sentido, el riesgo es que se sustituya la justicia por la venganza social, validada por la viralidad de las redes.
En espacios académicos y jurídicos también se advierte sobre la confusión entre visibilización y sanción. Que algo se haga viral no significa que sea cierto ni jurídicamente comprobado. La exposición pública de personas acusadas sin una sentencia firme puede convertirse en una forma de castigo anticipado, lo que vulnera principios básicos del Estado de Derecho.
Por otro lado, el uso de redes sociales como herramientas probatorias también genera debates. La Corte mexicana ha comenzado a aceptar capturas de pantalla o publicaciones como evidencia. Esto plantea un desafío para los jueces, que deben validar la autenticidad y pertinencia de pruebas obtenidas fuera de los canales institucionales.
Además, la reforma a la Ley de Ciberseguridad en Puebla —ya apodada «Ley Mordaza»— prevé sanciones por acoso reiterado en redes sociales, lo que ha generado controversia sobre posibles restricciones a la libertad de expresión. Diversas organizaciones de derechos digitales señalan que, si bien es necesario combatir la violencia en línea, no se debe criminalizar la crítica o el disenso digital, especialmente en contextos de denuncia ciudadana.
Casos como las SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública), interpuestas por grandes corporaciones contra periodistas y usuarios, muestran el uso del aparato judicial para silenciar voces críticas bajo la fachada de protección institucional. Esto demuestra que la relación entre justicia y redes sociales es cada vez más compleja y requiere marcos normativos claros que protejan tanto los derechos digitales como las garantías procesales.
En definitiva, México se enfrenta al reto de equilibrar el poder de las redes como herramienta de denuncia, sin permitir que sustituyan ni contaminen el rol del sistema de justicia. La independencia judicial, el derecho a la defensa y el debido proceso no pueden quedar sujetos al humor del algoritmo ni al volumen de una tendencia viral.