Protección de integridad
Corte Suprema confirma multa de 51 UTM a Municipalidad por no aplicar protocolo escolar frente a abuso de alumna
Confirmó multa al municipio como sostenedor de establecimiento educacional. Sanción se debió a la no aplicación del reglamento interno y protocolos ante un caso de maltrato escolar. Rechazó argumento de vulneración al principio de tipicidad. Estableció que la normativa exige no solo tener un reglamento, sino aplicarlo efectiva y correctamente.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Concepción, que desestimó la reclamación judicial interpuesta por la Municipalidad de San Pedro de la Paz en contra de la Superintendencia de Educación, que le impuso una multa de 51 UTM.
La reclamante, en su calidad de sostenedora del establecimiento educacional Miguel José Zañartu Santa María, expuso que la sanción fue impuesta por no aplicar correctamente el reglamento interno y/o protocolos del establecimiento educacional. Alegó que el fundamento jurídico invocado por la autoridad (letra f) del artículo 46 del DFL N°2/2009) no contempla la conducta reprochada, ya que dicha norma exige contar con un reglamento, pero no su aplicación específica. Argumentó que se vulnera el principio de tipicidad del derecho administrativo sancionador, ya que la infracción no se encuentra debidamente definida en la norma. Además, cuestionó la falta de fundamentación suficiente en el acto administrativo sancionatorio, exigiendo mayor rigurosidad por tratarse de un acto de gravamen.
La Superintendencia defendió la legalidad de la sanción, argumentando que, tras un proceso administrativo iniciado por fiscalización, se comprobó que el establecimiento no activó ni ejecutó el protocolo frente a hechos de maltrato escolar. Indicó que la letra f) del artículo 46 del DFL N°2 y el artículo 8° del Decreto N°315 exigen no solo tener un reglamento interno, sino también aplicarlo efectivamente. Afirmó que la infracción está acreditada, que no se vulneró el principio de tipicidad, y que la resolución impugnada está debidamente fundada, ajustándose a la normativa educacional y a los principios del derecho administrativo, especialmente considerando la obligación del sostenedor de garantizar la integridad y el bienestar de los estudiantes.
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