Luego de una extensa tramitación, la reforma al sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, fue despachada desde el Congreso. Esto, luego que la Sala del Senado se pronunciara sobre el informe de la Comisión Mixta que fue constituida para zanjar las divergencias entre ambas ramas del Congreso respecto de siete puntos.
En una primera votación, las y los senadores aprobaron con 36 votos a favor y 1 abstención la mayoría de las disposiciones acordadas por la Mixta con excepción de unas relativas a la Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que fue uno de los puntos que concitó debate no solo por el tema de fondo, sino que también por una diferencia en el esquema de votación que aplicó en su momento la Cámara de Diputados, que solo realizó dos votaciones y no las tres que proponía el informe de la Comisión Mixta.
Una de esas votaciones estipulaba que, si se rechazaba el régimen especial para dividir el Conservador de Santiago, debía mantenerse el modelo actual que lo considera como una unidad indivisible. No obstante, la Cámara solo votó el régimen especial, rechazándolo, por lo que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago quedará sujeto a las normas generales de división aplicables a los Conservadores del resto del país.
Si bien el Senado respaldó en una segunda votación (33 a favor y 1 abstención) y una tercera votación (30 a favor y 1 abstención) lo relativo al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la práctica solo se despacha a ley las normas en las que coinciden ambas corporaciones. De ahí que dicha repartición quede sujeta a las normas generales.
Al respecto, el senador Pedro Araya, integrante de la Comisión de Constitución y de la Comisión Mixta que se abocó al tema, señaló que la Cámara de Diputados alteró la forma de votación y con ello los acuerdos, por lo que solicitó que el Senado se hiciera parte de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que clarificara la situación.
No obstante, la Sala rechazó esa solicitud, lo que no obsta que cualquier senador pueda recurrir a titulo personal ante dicho organismo. En este punto intervinieron las y los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperger, Paulina Vodanovic, Luciano Cruz-Coke y Loreto Carvajal.
«Esta reforma establece un nuevo sistema de nombramiento de notarios, archiveros y conservadores, dejándolo en manos de la Alta Dirección Pública y finalmente en el Ejecutivo,» destacó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.
Fundamentos de la Reforma
La propuesta surge de la necesidad de adaptar el sistema a las exigencias del siglo XXI. El actual modelo, aunque ha proporcionado seguridad jurídica, se ha vuelto ineficiente y costoso frente a las demandas de una economía moderna y dinámica. El proyecto busca incorporar nuevas tecnologías, aumentar la transparencia, reducir costos y agilizar trámites, sin comprometer la seguridad jurídica que caracteriza al sistema actual.
Aspectos Clave de la Reforma
Modernización del Sistema de Nombramientos
Uno de los cambios más significativos es la reforma al proceso de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros. El nuevo sistema se basará en concursos públicos, transparentes y meritocráticos. Se crea un Consejo Resolutivo de Nombramiento, integrado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública y un decano de una Facultad de Derecho. Este consejo será responsable de seleccionar a los candidatos más idóneos, reduciendo así la discrecionalidad en los nombramientos.
Fortalecimiento de la Fiscalización
La supervisión del sistema se trasladará a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, lo que permitirá una fiscalización más especializada y efectiva. Se implementarán auditorías externas anuales obligatorias y se establecerán mecanismos para que los usuarios puedan participar en el proceso de fiscalización, promoviendo así una mayor transparencia y rendición de cuentas.
Innovación Tecnológica
La reforma impulsa una transformación digital del sistema. Se exigirá a notarios, conservadores y archiveros la implementación de sistemas electrónicos para la realización de trámites, mantenimiento de registros y consultas en línea. Se introducirá el uso de firma electrónica avanzada y sellado de tiempo, y se creará un repositorio digital nacional y un Archivo Digital de Poderes. Estas medidas buscan agilizar los procesos y facilitar el acceso a la información.
Implementación del Folio Real
Se introducirá el sistema de Folio Real, una herramienta digital que contendrá toda la historia jurídica de cada inmueble. Este cambio simplificará significativamente los procesos de búsqueda y verificación de información sobre propiedades, reduciendo tiempos y costos asociados a estas gestiones.
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Aumento de la Competencia y Accesibilidad
La creación de la figura del fedatario busca aumentar la oferta de servicios notariales, especialmente para trámites simples como la autorización de firmas. Esto no solo incrementará la competencia en el sector, sino que también mejorará el acceso a estos servicios, particularmente en áreas geográficas menos atendidas.
Transparencia y Probidad
El proyecto establece nuevas obligaciones de transparencia para notarios y conservadores, incluyendo la publicación de aranceles y otra información relevante en sus sitios web. Además, se introducen requisitos de declaración de patrimonio e intereses, alineando estas funciones con los estándares de probidad del servicio público.
Implementación y Expectativas
Se prevé que la implementación de estas reformas sea gradual, con un período de adaptación de seis meses después de la publicación del reglamento correspondiente. Este enfoque permitirá una transición ordenada y dará tiempo a los actores del sistema para ajustarse a los nuevos requerimientos.
El gobierno espera que estas reformas resulten en un sistema notarial y registral más eficiente, transparente y accesible para todos los chilenos. Se anticipa que los cambios propuestos reducirán los costos asociados a trámites notariales y registrales, agilizarán procesos y fomentarán una mayor competencia en el sector, beneficiando así a ciudadanos y empresas por igual.
En resumen, esta reforma representa un paso significativo hacia la modernización de un aspecto crucial del sistema legal y administrativo de Chile, adaptándolo a las necesidades y tecnologías del siglo XXI, sin perder de vista la importancia de la seguridad jurídica que ha caracterizado al sistema actual.
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