El Segundo Tribunal Ambiental realizó audiencia en que la empresa Ecopower S.A.C. reclama contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en busca de que se restituya la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable de su proyecto de generación eléctrica Parque Eólico Chiloé, cuya aprobación original data de 2015.
El caso, que arrastra años de controversias administrativas y judiciales, fue conocido por los ministros Marcela Godoy Flores (presidenta), Cristián Delpiano Lira y Cristián López Montecinos, quienes escucharon los alegatos de Javier Naranjo Solano, abogado de Ecopower, y de las juristas Katharina Buschmann Werkmeister, por la SMA, y Alejandra Donoso Cáceres, en representación de comunidades huilliches de Chiloé que actúan como terceros coadyuvantes en defensa del medioambiente.
Una historia de idas y vueltas judiciales
La disputa tuvo su origen en 2020, cuando la SMA acreditó el inicio de ejecución del proyecto mediante la Resolución Exenta N°2278, confirmando así la vigencia de la RCA otorgada cinco años antes. Sin embargo, esa decisión fue objeto de una solicitud de invalidación por parte del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural de Chiloé, que cuestionó que no existieran obras materiales visibles que justificaran el inicio efectivo de los trabajos.
En abril de 2023, la SMA acogió dicha solicitud y anuló su propia resolución, lo que motivó una reclamación de Ecopower ante el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia. Ese tribunal le dio la razón a la empresa y anuló la decisión de la SMA. No obstante, en diciembre de 2024, la Corte Suprema acogió un recurso de casación presentado por la SMA y ordenó que un tribunal no inhabilitado volviera a revisar el fondo del asunto.
Dado que todos los ministros del Tercer Tribunal se inhabilitaron, la causa fue derivada al Segundo Tribunal Ambiental, que ahora tiene en sus manos el fallo definitivo.
Posturas enfrentadas
Durante la audiencia, Ecopower defendió la legalidad del proceso, acusando que la SMA fundó su invalidación en hechos posteriores a la resolución inicial, en vez de revisar debidamente el acto administrativo ya perfeccionado. Según la empresa, la medida es arbitraria, sin fundamento técnico ni jurídico, y afecta gravemente su inversión.
Por su parte, la SMA argumentó que no se trata de hechos sobrevinientes, sino de antecedentes previos a la acreditación de ejecución del proyecto, como la inexistencia de obras materiales. A juicio de la Superintendencia, esto constituye un error de hecho y de derecho, ya que no existía respaldo suficiente para dar por iniciado el proyecto.
Impacto ambiental y social en debate
El proyecto contempla la instalación de 42 aerogeneradores de 2,4 MW cada uno, con una capacidad total de 100,8 MW, subestaciones y una línea de transmisión de 28,1 kilómetros que conectará al Sistema Interconectado Central (SIC). La inversión estimada supera los 250 millones de dólares.
Sin embargo, la oposición de comunidades huilliches y organizaciones locales se mantiene firme. Los terceros coadyuvantes —liderados por Clementina Lepio Milipichun— sostienen que el proyecto pone en riesgo ecosistemas únicos de Chiloé, además de afectar el patrimonio cultural y espiritual del territorio ancestral indígena.
Próximos pasos
Tras la audiencia, el Segundo Tribunal Ambiental deberá resolver el fondo del litigio, determinando si la resolución que acreditó el inicio de ejecución del proyecto fue válida o si, por el contrario, la SMA actuó correctamente al dejarla sin efecto.
Este fallo será clave no solo para el futuro del Parque Eólico Chiloé, sino también como precedente para otros proyectos con RCA antiguas y cuestionamientos sobre su ejecución material.