¿Quién firmó la orden?: El fallo que puso en jaque al Poder Judicial, por Camila Torrejón Díaz

El reciente episodio de la liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez —imputado como presunto sicario en el homicidio del comerciante conocido como “el Rey de Meiggs”— ha generado conmoción pública y una legítima alarma social. Se trata de un hecho que no puede relativizar: un imputado vinculado al crimen organizado quedó en libertad por una supuesta orden judicial cuya autenticidad hoy se encuentra en duda. Más allá de lo anecdótico o policial, este caso interpela directamente al sistema de justicia chileno y a su rol en la protección de la seguridad colectiva.

Nuestro ordenamiento jurídico establece que las resoluciones judiciales deben emanar de jueces legalmente investidos, con las formalidades y garantías que el debido proceso exige. Pero cuando una orden de liberación es presumiblemente falsa o manipulada, y es ejecutada sin verificación rigurosa, el sistema pierde su esencia: se transforma en una estructura vulnerable al fraude, incapaz de controlar a quienes deben ser procesados penalmente.

¿De qué sirve que un tribunal de garantía decrete la prisión preventiva de un imputado altamente peligroso, si basta una orden dudosa para que abandone el penal como si nada? No es una pregunta retórica: es el corazón del problema. La ciudadanía confía en que el sistema penal sabrá actuar con firmeza, pero también con responsabilidad. Este caso vulnera ambos principios.