Corte de Rancagua garantiza acceso público a playa en Navidad

El conflicto se originó cuando Nibaldo Alejandro Maturana Salgado, supuesto propietario de terrenos colindantes a la Playa de la Desembocadura de la Boca, instaló cadenas y construyó zanjas que impedían el acceso público a la playa. Este acto fue considerado ilegal y arbitrario por la Municipalidad, que argumentó la vulneración de derechos constitucionales e interpuso un recurso de protección en favor del Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales Unión La Boca.

El recurrido negó haber impedido el acceso público a la Desembocadura del Río Rapel y argumentó que existe un acceso histórico en otra zona de la península, no en su propiedad. Cuestionó la legitimidad del municipio para interponer el recurso de protección y acusó al alcalde de actuar de manera arbitraria e ilegal al destruir portones de acceso a propiedades privadas. Reconoció que sus terrenos colindan con la playa y que no hay acceso para terceros a través de su propiedad. Alegó que el camino central abierto por el alcalde es un camino privado que no tiene acceso directo a la desembocadura. También señaló que el recurso de protección buscaba justificar el actuar ilegal del alcalde cuando derribó los portones de sus propiedades el 26 de enero.

La Corte acogió la acción cautelar. Rechazó la excepción de falta de legitimidad activa alegada por el recurrido, reconociendo el derecho de la Municipalidad para actuar en defensa de la comunidad.