CIDH llama a Ecuador a respetar y garantizar la independencia de la Corte Constitucional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su preocupación por amenazas a la independencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Llama al Estado a garantizar la administración de justicia constitucional sin interferencias y la seguridad de sus integrantes, de conformidad con sus deberes internacionales.

Según la Constitución ecuatoriana, la Corte Constitucional (CC) es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional, con autonomía administrativa y financiera. Entre sus competencias se encuentra resolver acciones públicas de inconstitucionalidad contra las leyes. En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, el 4 de agosto de 2025, la CC anunció la suspensión provisional de artículos específicos de tres leyes sobre seguridad, inteligencia y transparencia en el sector público, propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional. Ello, por observar, a primera vista, que la vigencia de esos artículos podría afectar derechos humanos, con el fin de precautelar el cumplimiento y la supremacía de la Constitución, sin que implique un pronunciamiento de fondo sobre los procesos en conocimiento.

Esta decisión provisional encontró amplia oposición por parte de distintos sectores, incluso por parte de autoridades de las Funciones Ejecutiva y Legislativa. La Ministra de Gobierno y el Presidente de la Asamblea, junto con militares y policías, dieron una conferencia de prensa en la que expresaron su criterio y manifestaron preocupación por el impacto de la eliminación de herramientas que consideran necesarias para enfrentar al crimen organizado; a la vez, indicaron: «en este momento no hay puntos intermedios: o se está del lado de quienes defienden al país o de quienes les quitan las herramientas para dárselas a los criminales, los enemigos del pueblo». Por su lado, el Presidente de la República convocó a una manifestación contra la CC; a la vez, se anunció que el Ejecutivo sometería a consulta popular una reforma que permitiría que jueces constitucionales sean sometidos a juicios políticos. La marcha contra la CC se llevó a cabo el 12 de agosto, con un fuerte despliegue militar y policial.