Tribunal peruano dictamina que expresidente Pedro Castillo tiene derecho a percibir pensión vitalicia a pesar de estar privado de libertad

La Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) acogió la demanda que Pedro Castillo, expresidente privado de libertad por su participación en el autofallido golpe de estado de 2022, interpuso contra el Congreso de la República, al considerar que se vulneró su derecho a la igualdad al denegarle la pensión vitalicia regulada por la Ley N° 26519. La sentencia concluyó que existió un trato desigual frente a otro caso sustancialmente similar, y ordenó emitir un nuevo pronunciamiento que otorgue la pensión solicitada, además del pago de las costas procesales.

En su demanda, el recurrente solicitó la nulidad de la carta y de la resolución administrativa que denegaron su pretensión, así como la emisión de un nuevo pronunciamiento que dispusiera el pago de la pensión vitalicia desde la fecha señalada. El Congreso, en su contestación, argumentó que la solicitud era improcedente por existir una acusación constitucional pendiente y que la suspensión del beneficio se encontraba respaldada en el artículo 2° de la Ley N° 26519.

La controversia se intensificó cuando el accionante presentó pruebas de que, en el mismo año, otro expresidente había recibido la pensión en aplicación de la misma norma, a pesar de encontrarse en condiciones jurídicas semejantes. Esta disparidad fue central en el análisis del juzgado, que resaltó la contradicción de los criterios utilizados por los parlamentarios al aplicar la ley en casos análogos.