Diputado propone reforma constitucional para ampliar poderes presidenciales

Fundamental para otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República.

La iniciativa propone reconocerle discrecionalidad al Presidente de la República para resolver problemas urgentes y corregir errores aun sin ley expresa, incorporar un mecanismo constitucional de disolución del Congreso para destrabar reformas de interés nacional y permitir que el Ejecutivo asuma temporalmente la función legislativa mediante decretos con fuerza de ley sin las limitaciones del artículo 64 ni control preventivo de Contraloría, además de establecer la derogación automática —incluso retroactiva— de normas contrarias al texto o espíritu de la Constitución.

El autor de la moción planteó la necesidad de “evolucionar hacia un Estado de Justicia” como respuesta a lo que considera un sometimiento “ciego e irreflexivo” al Principio de Legalidad, propio del Estado de Derecho, según el cual la autoridad pública solo está facultada para ejecutar las acciones que la ley le permite expresamente. A juicio del proponente, en este marco no tendría relevancia que la autoridad actúe de buena fe para enmendar una injusticia o corregir un error, ni que exista una demanda urgente de la ciudadanía, ya que, si no hay una ley expresa que habilite la actuación, la autoridad quedaría “atada de manos”.

En ese contexto, el parlamentario sostuvo que la Justicia —entendida como un concepto jurídico superior a la legalidad— consiste en “dar a cada quién y a cada qué lo que le corresponde”, por lo que una necesidad social apremiante e impostergable debería recibir una “solución inmediata”, y un error que cause perjuicio social debería ser objeto de “corrección inmediata”. Planteó así que, si por el Principio de Legalidad no existe una ley expresa que permita resolver el problema o corregir el error, no sería ético, justo ni razonable “no hacer nada” y dejar que el perjuicio se mantenga. En apoyo de su argumentación, comparó esta situación con el Principio de Inexcusabilidad, señalando que, si un juez no puede excusarse de fallar por falta de ley expresa, una autoridad pública debería poder, siguiendo la misma lógica, dar solución a un problema urgente o corregir un error que cause perjuicio social. Bajo esta premisa, indicó que el “Estado de Justicia” permitiría a la autoridad pública —en particular, al Presidente de la República— contar con discrecionalidad para actuar conforme a la voluntad popular y el “sentido común”, orientados a corregir errores o resolver problemas.

Junto con ello, el parlamentario defendió la posibilidad de que el Presidente de la República pueda disolver el Congreso, argumentando que el Ejecutivo debe disponer de un mecanismo constitucional para priorizar, a su juicio, iniciativas de interés esencial para la nación. Afirmó haber sido testigo, como legislador, de múltiples ocasiones en que el Parlamento habría “boicoteado o desnaturalizado” iniciativas positivas de distintos gobiernos por prejuicios ideológicos, por lo que estimó necesario dotar al Primer Mandatario de una herramienta que permita “forzar” al Congreso a aceptar ciertas políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo, de modo que se conozca de antemano que, si el Parlamento no lo hace, “arriesga su disolución”.