Corte Suprema avala facultades del SERVIU para excluir a beneficiarios que incumplen obligación de habitar viviendas subsidiadas

La Corte de Apelaciones de Arica rechazó el recurso de protección interpuesto por un beneficiario de subsidio habitacional en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo, acción dirigida a impugnar una resolución administrativa que denegó la solicitud de exención de la obligación de habitar el inmueble entregado en el marco de un programa de vivienda social.

En su acción constitucional, el recurrente sostuvo que la resolución impugnada era ilegal y arbitraria, al desestimar una solicitud de exención que —a su juicio— se encontraba debidamente justificada por razones laborales y familiares, en particular por desempeñar labores bajo un régimen de turnos fuera de la ciudad y por cumplir un régimen de relación directa y regular con sus hijos en otra localidad. Alegó, además, que las fiscalizaciones efectuadas por el SERVIU adolecían de vicios, cuestionando la validez de las visitas realizadas por una empresa consultora privada y reprochando que no se hubieran ponderado adecuadamente los antecedentes y descargos presentados para acreditar la ocupación efectiva del inmueble.

Al evacuar su informe, el Servicio de Vivienda y Urbanismo solicitó el rechazo del recurso, señalando que el beneficiario incumplió la obligación de habitar el inmueble subsidiado, circunstancia constatada mediante diversas fiscalizaciones realizadas en distintos períodos, en las cuales se verificó su ausencia y la presencia de terceros no declarados como grupo familiar. Indicó que, a raíz de dichos incumplimientos, se dictó una resolución de exclusión del programa habitacional que quedó firme tras el rechazo del recurso administrativo de reposición, por lo que la posterior solicitud de exención resultaba improcedente. Agregó que el procedimiento se ajustó a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, normativa que regula la fiscalización y exclusión de beneficiarios, descartando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuación.

La Corte de Arica, tras revisar los antecedentes de hecho y de derecho que constaban en el proceso, delimitó la controversia en determinar si la dictación de la Resolución Exenta que denegó la solicitud de exención de la obligación de habitar el inmueble constituía una actuación ilegal o arbitraria por parte del SERVIU. Al respecto, el tribunal descartó la ilegalidad alegada, señalando que la normativa invocada por el recurrente —la Ley N° 17.635— no resultaba aplicable al caso, por cuanto regula situaciones posteriores a la inscripción del dominio a nombre del beneficiario, circunstancia que no se verificaba en la especie. En cambio, precisó que el procedimiento de fiscalización y exclusión se encontraba regulado por el Decreto Supremo N° 49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual faculta expresamente al SERVIU para verificar el cumplimiento de la obligación de habitar y excluir a los beneficiarios que la infrinjan, sin establecer solemnidades especiales respecto de las actas de fiscalización.