Corte de Santiago eleva indemnización que debe pagar el Fisco por detención ilegal y torturas durante la dictadura

El Decimoséptimo Juzgado Civil de Santiago conoció una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por la que se solicitó el pago de la suma de $300.000.000.- por concepto de daño moral, a raíz de la detención ilegal y las torturas sufridas por el actor entre el 24 de enero y el 8 de septiembre de 1975, en el contexto de la dictadura militar.

El Fisco de Chile contestó la demanda solicitando su rechazo, oponiendo las excepciones de reparación integral y de improcedencia de la indemnización, alegando que el actor ya habría sido indemnizado mediante beneficios legales. Asimismo, opuso la excepción de prescripción extintiva de la acción, invocando el plazo de cuatro años del artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, la prescripción ordinaria de cinco años, objetando, además, en forma subsidiaria, el monto indemnizatorio solicitado y solicitando que, para su eventual regulación, se consideraran los pagos, pensiones e indemnizaciones previamente recibidas por el demandante.

La controversia se centró en determinar si concurrían en la especie los requisitos de la responsabilidad patrimonial del Estado y, en consecuencia, si procedía condenar al Fisco al pago de una indemnización por el daño moral alegado, fundado en la detención ilegal y las torturas sufridas por el actor en el contexto del régimen militar instaurado en 1973.

El tribunal razonó que la responsabilidad civil tiene por finalidad reparar económicamente o compensar el daño sufrido por la víctima como consecuencia de un hecho ilícito, destacando que la indemnización monetaria no constituye una reparación plena, sino un medio de compensación que permite a la víctima mitigar los efectos del daño. En materia de responsabilidad del Estado, señaló que esta se articula principalmente bajo la institución de la falta de servicio, criterio equivalente a la culpa o negligencia, pudiendo perseguirse conforme a normas de derecho público o de derecho privado, sin desconocer las particularidades propias de las relaciones jurídicas de carácter público.

Asimismo, sostuvo que la acción deducida encuentra sustento no solo en el derecho interno, sino también en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los tratados internacionales ratificados por Chile, los que obligan al Estado a garantizar el derecho a la reparación íntegra de las víctimas, conforme a los artículos 5 y 6 de la Constitución Política y a lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En cuanto a la prueba rendida, el tribunal tuvo por acreditada la calidad del actor como víctima de violaciones a los derechos humanos, circunstancia no controvertida por el Fisco, constando su reconocimiento en los registros de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Se estableció que el demandante, estudiante y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el 24 de enero de 1975 por agentes de la DINA, sometido a torturas mediante parrilla eléctrica y golpizas, trasladado a diversos recintos de detención y privado de libertad por aproximadamente siete meses y veintiún días, sin que constara orden de autoridad competente ni condena que justificara dicha privación de libertad.