Diario Constitucional

Acción admitida a trámite

Recurso de protección impugna rechazo de regularización migratoria por falta de fundamentación y omisión de subsanación

Acción contra el Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Interior acusa ilegalidad en la denegación de solicitud de ciudadana venezolana, por no aplicar el deber de subsanar antecedentes ni ponderar circunstancias personales relevantes.

Por Redacción·30 de marzo de 2026·2 min de lectura
Imagen: La Tercera
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Un recurso de protección fue interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, impugnando una Resolución Exenta que rechazó una solicitud de regularización migratoria extraordinaria. La acción sostiene que dicho acto es ilegal y arbitrario, por vulnerar la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución.

La acción fue deducida por una ciudadana venezolana que ingresó al país de manera irregular, realizó la autodenuncia de su situación y solicitó el reconocimiento de la calidad de refugiada, petición que fue rechazada. Posteriormente, con el objeto de regularizar su situación migratoria, presentó una nueva solicitud ante la Subsecretaría del Interior, la que fue igualmente denegada mediante la resolución impugnada.

La recurrente sostiene que el acto administrativo es ilegal y arbitrario, por cuanto la autoridad no aplicó lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N°19.880, que obliga a requerir la subsanación de antecedentes antes de rechazar una solicitud de esta naturaleza. A su juicio, la Administración omitió dicha instancia, resolviendo de manera prematura sin permitir acreditar circunstancias calificadas o de carácter humanitario.

Asimismo, se reprocha la falta de motivación suficiente del acto, al no contener un análisis específico de la situación personal de la recurrente ni de la eventual concurrencia de circunstancias excepcionales, infringiendo así el estándar de fundamentación exigido por la normativa administrativa.

En cuanto a las garantías constitucionales, se denuncia la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, al no haberse ponderado adecuadamente factores relevantes como la ausencia de antecedentes penales, la existencia de vínculos familiares en el país y la intención manifiesta de regularizar su situación migratoria.

Igualmente, se sostiene que el ejercicio de la potestad discrecional de la Administración no es absoluto, sino que debe sujetarse a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y control judicial, especialmente en materias sensibles como la migración, donde adquieren particular relevancia los estándares de derechos humanos y principios como la reunificación familiar.

En virtud de lo anterior, la recurrente solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene a la autoridad dictar un nuevo pronunciamiento, previa evaluación íntegra de los antecedentes y conforme a derecho, con el fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar un procedimiento racional y justo.

La Corte de Santiago declaró admisible la acción y otorgó a las recurridas un plazo de cinco días para evacuar el informe correspondiente.

Vea texto recurso de protección Corte de Santiago Rol Nº9419-2026.

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