Delitos de lesa humanidad
Corte de Santiago confirma condena al Fisco por daño moral reflejo a hermana de ejecutado político y ajusta cómputo de intereses
El tribunal de alzada ratificó el pago de $20 millones a favor de la demandante, rechazó las excepciones opuestas por el Consejo de Defensa del Estado y estableció que los intereses deben calcularse desde la mora del deudor

El 12° Juzgado Civil de Santiago estableció la responsabilidad civil del Estado por los daños causados por sus agentes en el contexto de violaciones a los derechos humanos, señalando que dichos actos constituyen delitos de lesa humanidad y generan la obligación de reparación integral conforme a la Constitución y al Derecho Internacional.
El tribunal rechazó la alegación de falta de legitimación activa por preterición legal, señalando que la exclusión de la demandante -hermana de la víctima- como beneficiaria en la Ley N°19.123 solo opera respecto de reparaciones administrativas y no impide ejercer acciones civiles indemnizatorias.
El fallo destacó que el tipo de daño generado se verifica en contextos de violencia política, cuyos efectos traumáticos impactan no solo a la víctima directa, sino también a su entorno familiar, incluso a nivel intergeneracional.
Asimismo, precisó que las leyes de reparación administrativa no excluyen el derecho de las víctimas —directas o por repercusión— a demandar indemnización en sede judicial, rechazando la excepción de reparación integral y reafirmando el carácter complementario de ambas vías.
En cuanto a la prescripción, concluyó que las acciones indemnizatorias derivadas de crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, por aplicación de normas internacionales de derechos humanos incorporadas al ordenamiento jurídico nacional.
Finalmente, el tribunal reconoció la existencia de daño moral reflejo en la demandante —hermana de la víctima ejecutada— y fijó prudencialmente una indemnización de $20.000.000.-, con intereses desde que la sentencia quede firme hasta su pago efectivo.
Ambas partes dedujeron recursos de apelación en contra del fallo. La demandada solicitó su revocación total, pidiendo el rechazo íntegro de la demanda o, en subsidio, la rebaja sustancial del monto indemnizatorio. Por su parte, la demandante pidió confirmar la sentencia con declaración de aumento de la indemnización por daño moral a $300.000.000.- o a la suma superior que se estimara procedente, con costas.
En cuanto a los agravios del demandado, estos se centraron en el rechazo de la excepción de preterición legal; la desestimación de la excepción de reparación integral, al considerarse que las indemnizaciones previamente recibidas no excluían la acción civil; el rechazo de la prescripción extintiva; la supuesta excesividad del monto fijado por daño moral; y la improcedencia del pago de intereses en los términos establecidos.
La Corte compartió lo razonado por la jueza de primera instancia en lo relativo al rechazo de las excepciones de preterición legal, reparación integral y prescripción extintiva, así como en cuanto a la determinación del monto indemnizatorio, desestimando los agravios del demandado en estos puntos.
Sin embargo, en relación con el cómputo de los intereses, la Corte resolvió que estos deben calcularse desde que el deudor incurre en mora, lo que ocurre cuando no se cumple el fallo dentro de los sesenta días siguientes a la remisión del oficio al ministerio correspondiente, conforme al artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual modificó la sentencia en este aspecto.
Respecto del recurso de apelación de la demandante, la Corte concordó con el monto de la indemnización fijado por el tribunal de primera instancia, rechazando su pretensión de aumento.
Vea sentencia Corte de Santiago Rol Nº13.786-2024 y del 12° Juzgado Civil de Santiago Rol NºC-12899-2023.
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