Iniciativa busca eliminar facultad presidencial de otorgar indultos particulares

La moción también revisa el derecho comparado, indicando que, si bien países como España, Francia y Alemania mantienen mecanismos de gracia en sede ejecutiva, la propuesta no busca replicar modelos extranjeros, sino adoptar una decisión constitucional propia orientada a un diseño más estricto, menos personalista y más coherente con la separación de funciones entre jurisdicción y gobierno.

En esta línea, se señala que la iniciativa se inserta en un debate legislativo previo, en el que existen al menos nueve proyectos sobre la materia. Algunos de ellos buscan limitar el indulto en determinados delitos, exigir aprobación del Congreso, permitir su revocación o establecer evaluaciones previas, mientras que otros plantean su eliminación total. No obstante, la ésta moción opta por suprimir completamente la facultad, al estimar que el problema radica en su propia existencia.

El proyecto sostiene que la eliminación del indulto no deja desprotegido al sistema frente a eventuales errores judiciales, los que deben corregirse mediante mecanismos jurisdiccionales extraordinarios y no a través de decisiones políticas. En este sentido, reafirma que la ejecución de las penas debe regirse por la ley y ser resuelta por los tribunales de justicia.

Asimismo, la iniciativa considera la existencia de normas vigentes que contemplan la pena de muerte en la justicia militar, por lo que establece disposiciones transitorias destinadas a garantizar el derecho a solicitar la conmutación de dicha pena ante la Corte Suprema, la que deberá conocer en pleno y resolver fundadamente, suspendiéndose la ejecución mientras se tramite la solicitud.

En lo sustantivo, la reforma propone eliminar el numeral 14 del artículo 32 de la Constitución, suprimir las referencias al indulto particular en el artículo 9° y modificar el artículo 63 para mantener únicamente la regulación de los indultos generales y las amnistías mediante ley, las que requerirán quórum calificado, elevándose a dos tercios cuando se trate de delitos contemplados en dicha disposición.

De esta manera, la iniciativa busca retirar del texto constitucional una potestad considerada excepcional, reducir los espacios de discrecionalidad política en la ejecución de las penas y reafirmar el principio de que la jurisdicción penal no debe ser interferida por decisiones singulares de clemencia presidencial, fortaleciendo así un diseño institucional más coherente con una democracia republicana.

Vea texto moción Boletín N°18.160-07 y siga su tramitación aquí.