Corte mantiene multa de 600 UTM a IPP por reajustar aranceles unilateralmente

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo deducido por el Instituto Profesional Providencia S.A. (IPP) en contra de la Superintendencia de Educación Superior, confirmando la resolución administrativa que le impuso una multa de 600 UTM por modificar unilateralmente los términos, condiciones y modalidades de prestación de los servicios educacionales, al aplicar un reajuste arancelario adicional de 4,1% durante el año académico 2022, en contravención a lo pactado en los contratos con sus estudiantes.

La controversia se originó luego de que el Instituto Profesional Providencia decidiera aplicar, durante el segundo bimestre de 2022, un reajuste adicional de 4,1% a los aranceles, que se sumó al incremento inicial de 5,3% definido para ese año. La institución justificó la medida en el aumento extraordinario de la inflación registrado durante ese período, señalando que la cláusula tercera de los contratos establecía que los aranceles debían reajustarse anualmente conforme a la variación positiva del IPC.

La decisión fue comunicada a los estudiantes mediante correo electrónico el 2 de mayo de 2022 y a la Superintendencia de Educación Superior el 13 de mayo del mismo año. Posteriormente, a raíz de diversas denuncias, la autoridad fiscalizadora constató mediante las Actas de Fiscalización N° 11 y N° 76, ambas de 2023, que el instituto había actualizado los aranceles en junio de 2022, considerando inicialmente las carreras de Técnico Jurídico en Gestión Judicial y Técnico en Comercio Exterior.

Luego, mediante Resolución Exenta N° 223, de 6 de junio de 2024, el Superintendente de Educación Superior acumuló las denuncias y ordenó instruir un procedimiento administrativo sancionatorio por una eventual infracción al artículo 55 letra d) de la Ley N° 21.091. Finalizado el procedimiento, la Resolución Exenta N° 442, de 19 de agosto de 2024, sancionó al IPP con una multa de 600 UTM. La institución interpuso recurso de reposición, que fue rechazado mediante Resolución Exenta N° 654, de 12 de agosto de 2025, acto que motivó el reclamo de ilegalidad ante la Corte.

El Instituto Profesional Providencia sostuvo que no había incurrido en una modificación contractual arbitraria, pues el reajuste adicional habría tenido por finalidad corregir el ajuste inicialmente aplicado y adecuarlo a la variación efectiva del IPC prevista en los contratos. Alegó además que la medida se encontraba justificada por el fenómeno inflacionario extraordinario de 2022, que fue comunicada oportunamente tanto a los estudiantes como a la Superintendencia y que contó con el respaldo de aproximadamente una veintena de estudiantes.

Asimismo, cuestionó la falta de motivación de la multa, argumentando que la autoridad no explicó suficientemente la metodología utilizada para arribar a la suma de 600 UTM ni la forma en que determinó el supuesto beneficio económico obtenido. También alegó infracción al principio de imparcialidad, debido a que el Superintendente habría mencionado la multa en una cuenta pública mientras aún se encontraba pendiente el recurso de reposición. A ello agregó cuestionamientos de proporcionalidad e igualdad ante la ley, incongruencias entre la fiscalización y los cargos formulados y entre las resoluciones sancionatoria y la que resolvió la reposición, además de una vulneración al principio de buena fe y confianza legítima.

Por su parte, la Superintendencia de Educación Superior defendió la legalidad de la sanción, señalando que la cláusula contractual establecía que el reajuste debía efectuarse anualmente, por lo que no resultaba admisible realizar un segundo incremento durante el mismo año académico. Sostuvo que la multa se encontraba debidamente motivada conforme a los criterios establecidos en el artículo 58 de la Ley N° 21.091 y que dicha disposición no exige una fórmula matemática para determinar su cuantía.