Democracia y DD.HH.
CIDH advierte un debilitamiento gradual de la democracia y llama a fortalecer los contrapesos institucionales en la región
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conmemoró el vigésimo quinto aniversario de la adopción de la Carta Democrática Interamericana y llamó a los Estados de la región a renovar su compromiso con los principios establecidos en ese instrumento, ante la existencia de procesos que,…

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conmemoró el vigésimo quinto aniversario de la adopción de la Carta Democrática Interamericana y llamó a los Estados de la región a renovar su compromiso con los principios establecidos en ese instrumento, ante la existencia de procesos que, según advirtió, están debilitando gradualmente elementos esenciales de la democracia representativa y afectando el ejercicio de los derechos humanos.
En el marco del Día Internacional de la Democracia, la Comisión recordó la vigencia e importancia de la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú. El instrumento reconoce que los pueblos del hemisferio tienen derecho a la democracia y que sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla.
La CIDH destacó que la Carta no concibe la democracia como una meta definitivamente alcanzada, sino como un proceso que debe construirse permanentemente y que requiere el compromiso activo tanto de las instituciones estatales como de la sociedad civil.
Asimismo, recordó que la democracia no se limita a la realización periódica de elecciones. Entre sus elementos esenciales se encuentran el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, mediante sufragio universal y secreto; la existencia de un sistema plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.
A estos elementos se suman la transparencia, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, además de la libertad de expresión y de prensa, consideradas por la Carta como componentes fundamentales para el ejercicio de la democracia.
Sin embargo, la Comisión advirtió que las amenazas contra la institucionalidad democrática no se producen exclusivamente mediante quiebres institucionales abruptos. También pueden manifestarse a través del deterioro progresivo de sus elementos esenciales y mediante procesos de concentración del poder que disminuyen la eficacia de los contrapesos institucionales.
Entre las situaciones que la CIDH identifica como manifestaciones de este fenómeno se encuentran el cuestionamiento infundado de los resultados electorales, la estigmatización y otras formas de ataque contra autoridades judiciales y electorales, las restricciones al espacio cívico, las limitaciones indebidas al ejercicio de derechos y las afectaciones producidas por prácticas de corrupción.
Según la Comisión, estas conductas pueden comprometer diversos derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, los derechos de reunión y asociación, así como las garantías judiciales y la protección judicial.
En ese contexto, la CIDH recordó que los Estados no solo tienen el deber de abstenerse de adoptar medidas que restrinjan indebidamente estos derechos, sino también la obligación de implementar acciones positivas destinadas a garantizar su ejercicio efectivo.
Entre esas obligaciones se encuentra la protección de la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y electorales frente a eventuales injerencias provenientes de otros poderes públicos.
La Comisión recordó, además, que el artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana reconoce que toda persona que considere vulnerados sus derechos humanos puede acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos conforme a los procedimientos establecidos para ello.
A veinticinco años de la adopción de la Carta, la CIDH señaló que el objetivo que impulsó a los Estados de la región a aprobarla fue permitir que todas las personas pudieran desarrollar sus vidas con sus derechos garantizados dentro de sociedades democráticas.
Por ello, reafirmó la importancia de que las actuaciones estatales continúen orientadas hacia ese propósito y de contar con instituciones que dispongan de capacidad, independencia y firmeza suficientes para cumplir sus funciones y actuar como contrapesos frente a eventuales abusos del poder público.
En consecuencia, la Comisión instó a los Estados de la región a garantizar la independencia y estabilidad en sus cargos de las autoridades judiciales, fiscales y electorales, así como a proporcionar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y para quienes desarrollan labores de defensa de los derechos humanos.
Asimismo, llamó a los Estados a abstenerse de adoptar medidas que restrinjan indebidamente el espacio cívico y la participación política, investigar y sancionar los actos de corrupción que afecten el ejercicio de derechos y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
De esta manera, al cumplirse 25 años de la Carta Democrática Interamericana, la CIDH reiteró su llamado a preservar los elementos esenciales de la democracia representativa y a fortalecer las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos y controlar el ejercicio del poder público.
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