Publicaciones reiteradas y misóginas en redes sociales exceden la libertad de expresión y constituyen violencia de género, resuelve la Corte Constitucional de Colombia

La Corte Constitucional de Colombia acogió una acción de tutela presentada por una mujer que denunció publicaciones realizadas en redes sociales y plataformas digitales que afectaban su reputación, utilizaban su imagen sin consentimiento y divulgaban datos personales, al concluir que esas conductas configuraron violencia de género en entornos digitales y violencia simbólica.

La controversia se originó luego de que la actora recurriera judicialmente contra un hombre que, según denunció, la acusó a través de distintas plataformas de cometer una estafa y otras conductas que afectaban su reputación. También sostuvo que el denunciado utilizó su imagen sin autorización, divulgó datos personales semiprivados y sensibles y realizó comentarios que, a su juicio, constituían violencia de género.

Por ello, solicitó que se ordenara retirar las publicaciones, que el accionado se retractara y ofreciera disculpas públicas por sus afirmaciones, que se abstuviera de repetir conductas similares y que la indemnizara por los daños morales y materiales ocasionados.

En primera instancia, el juzgado declaró improcedente el amparo por estimar que no se cumplía el requisito de relevancia constitucional establecido por la jurisprudencia para los casos en que existe una tensión entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en el contexto de las redes sociales. La decisión fue apelada y posteriormente confirmada en segunda instancia por la misma razón.

La mujer recurrió entonces ante la Corte Constitucional, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales en un entorno digital.

Al conocer el caso, la Corte acogió la acción y estableció que las publicaciones realizadas mediante diferentes plataformas y redes sociales configuraron violencia de género en entornos digitales y violencia simbólica. En su decisión, precisó los límites de los derechos fundamentales en el ámbito virtual, ordenó eliminar los contenidos difamatorios y ofrecer disculpas públicas a la afectada, y se pronunció sobre la protección de los datos biométricos en plataformas digitales.

La Corte consideró que el asunto sí tenía relevancia constitucional, pues podía involucrar un ejercicio desproporcionado de la libertad de expresión del accionado y planteaba la necesidad de determinar los límites de ese derecho en las redes sociales cuando se difunden contenidos reiterados, insistentes y violentos contra una mujer.

Para resolver la controversia, desarrolló consideraciones sobre el alcance de la libertad de expresión, el ejercicio de los derechos fundamentales en internet y las redes sociales digitales, el papel de los creadores de contenido y los derechos a la intimidad, al buen nombre, a la honra y a la propia imagen.

Asimismo, abordó la protección de los datos personales y la violencia contra las mujeres, especialmente aquella cuya reproducción y propagación se ve facilitada por las nuevas tecnologías.