Tribunal de EE.UU. ratifica orden que frena restricciones al voto por correo impulsadas por Donald Trump

Un tribunal federal de apelaciones con sede en Boston rechazó la solicitud presentada por el gobierno de Donald Trump para levantar una orden de restricción que prohíbe al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) aplicar normativas que limitan la emisión de votos por correo. La resolución ratificó lo dispuesto a fines de agosto por la jueza de distrito Indira Talwani, quien impidió la ejecución de diversas disposiciones reglamentarias de cara a las próximas elecciones legislativas intermedias de noviembre.

Determinó que el presidente carece de facultades para dictar o regular políticas comiciales locales, debido a que dicha competencia corresponde de forma exclusiva al Congreso y a los estados federados. Los juzgadores consideraron que la administración no acreditó el derecho a obtener la suspensión de la medida judicial, ni probó que la ponderación de intereses le resultara favorable o que no perjudicaría a terceros y al interés público.

El fallo de segunda instancia recogió lo establecido por el tribunal de instancia a favor de organizaciones de votantes, advirtiendo que los plazos inmediatos impuestos por la norma generaban alteraciones sustanciales que entorpecían la labor de orientar a la ciudadanía. Se argumentó que estas agrupaciones no tenían certeza sobre si recomendar el voto postal ante el alto riesgo de privar del sufragio a los electores, aun cuando contaban con el derecho legal para utilizar dicho mecanismo.

Frente a este escenario procesal, Donald Trump recurrió por tercera ocasión ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el objeto de que se autoricen las restricciones proyectadas en el servicio postal, instancia que todavía no emite un pronunciamiento. El conflicto se inscribe en las impugnaciones interpuestas contra la orden ejecutiva del 31 de marzo, denominada Garantizar la verificación de la ciudadanía y la integridad en las elecciones federales, que ordena recopilar datos mediante registros migratorios incompletos.

Dicho decreto presidencial ordena despachar papeletas únicamente a votantes que cuenten con aprobaciones institucionales previas y códigos de barras de seguimiento postal específicos. Aunque el Servicio Postal ha manifestado estar listo para ejecutar el reglamento, un denunciante interno alertó que la entidad carece de la capacidad técnica u operativa para cumplir los requerimientos sin menoscabar el derecho a sufragio, acusando una implementación apresurada y deficiente.

A pesar de los procesos judiciales pendientes y de los eventuales contratiempos operativos advertidos, el estado de Carolina del Norte ya dio inicio al proceso de emisión de papeletas postales para las votaciones. Se proyecta que otras administraciones estatales comiencen a realizar la misma distribución de sufragios en el corto plazo a lo largo del país.

Vea texto de la sentencia.