Anulan matrimonio porque mujer desconocía que su cónyuge era investigado por abuso sexual contra su propio hijo

Para que esta causal opere deben concurrir dos requisitos. Primero, el error debe recaer efectivamente sobre una cualidad personal del otro cónyuge, quedando fuera las circunstancias conocidas al momento del matrimonio, aquellas posteriormente aceptadas durante la convivencia, las cualidades meramente patrimoniales o pasajeras y las referidas a terceros. Segundo, la cualidad desconocida debe haber sido determinante para prestar el consentimiento, de manera que, si hubiera sido conocida antes del matrimonio, el afectado no habría contraído el vínculo.

Además, esa característica debe relacionarse con la naturaleza y los fines del matrimonio, vinculados por el artículo 102 del Código Civil con el mutuo perfeccionamiento de los cónyuges mediante la vida en común y el auxilio mutuo, además de la procreación, crianza y educación de los hijos comunes.

Al analizar los distintos antecedentes invocados por la mujer, el tribunal descartó en primer término la supuesta adicción a la pornografía, debido a que no se rindió prueba documental ni testimonial que permitiera acreditarla.

Distinta fue la conclusión respecto de los matrimonios e hijos anteriores. En su declaración, el propio demandado reconoció haber tenido tres matrimonios previos y cuatro hijos nacidos de esas relaciones. Como la mujer afirmó que desconocía estos antecedentes y correspondía al demandado demostrar que ella efectivamente los conocía, circunstancia que no acreditó al no presentar prueba, el tribunal tuvo por establecido que la demandante ignoraba esos matrimonios e hijos cuando se casó.

Pese a ello, el juez concluyó que esos antecedentes no bastaban para anular el matrimonio. Aunque consideró que su desconocimiento podía resultar indeseable, estimó que el hecho de que una persona hubiese tenido matrimonios anteriores o hijos de otras relaciones no se opone objetivamente a la naturaleza y fines del matrimonio ni constituye un impedimento legal para contraerlo.

La demandante había señalado además que ambos se conocieron mediante Facebook en un grupo relacionado con la Iglesia Adventista y que ese contexto incidía en el estándar moral que esperaba de su futuro cónyuge. Sin embargo, el tribunal estimó que no se aportaron pruebas suficientes para establecer que, desde las convicciones éticas o religiosas involucradas en ese caso particular, la inexistencia de matrimonios e hijos anteriores hubiera constituido una condición determinante para prestar el consentimiento.

El análisis fue diferente respecto de la situación penal del demandado. La documentación remitida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco permitió acreditar que el hombre fue condenado en 2021, mediante sentencia posteriormente ejecutoriada, a siete años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito reiterado de abuso sexual de menor de 14 años.

Los hechos que originaron la condena ocurrieron entre 2015 y 2017, es decir, antes del matrimonio celebrado en 2018. La víctima era un hijo del propio condenado, quien era menor de 14 años al momento de los hechos. La sentencia penal calificó además los hechos como constitutivos de violencia intrafamiliar.

La condena se hizo efectiva durante la vigencia del matrimonio. La sentencia penal quedó ejecutoriada en marzo de 2022 y el hombre ingresó a prisión ese mismo mes. El propio demandado declaró que fue detenido en su domicilio en presencia de su cónyuge. Además de la pena privativa de libertad, se le impusieron diversas penas y medidas accesorias vinculadas con la protección de la víctima.

El Juzgado de Familia estableció que no se acreditó que la mujer conociera la situación penal de su marido antes de contraer matrimonio. La investigación del Ministerio Público ya estaba vigente en 2017 y, por tanto, antes de que las partes se casaran, pero no existían antecedentes suficientes para demostrar que ella supiera que su futuro cónyuge tenía la calidad de imputado ni que la investigación se relacionaba con abusos sexuales cometidos contra su propio hijo.

Para el tribunal, ese desconocimiento configuró un error sobre una cualidad personal del otro cónyuge y, a diferencia de los matrimonios e hijos anteriores, tuvo un carácter determinante para prestar el consentimiento matrimonial.

El juez razonó que no resultaba razonable sostener que la mujer habría depositado su confianza en el demandado para casarse, auxiliarse mutuamente y eventualmente procrear, criar y educar hijos en común si hubiese sabido que estaba siendo investigado por abusar sexualmente de un niño que, además, era su propio hijo.

Por ello, concluyó que la naturaleza de la investigación penal que afectaba al demandado se oponía objetivamente a las finalidades del matrimonio y que el error sufrido por la mujer cumplía los requisitos exigidos por el artículo 8 N°2 de la Ley de Matrimonio Civil.

En consecuencia, el Juzgado de Familia de Rancagua tuvo por acreditada la causal contemplada en el artículo 44 letra b), en relación con el artículo 8 N°2 de la Ley N°19.947, y declaró la nulidad del matrimonio por haberse celebrado sin el consentimiento libre y espontáneo de la demandante.

El tribunal consideró además que la acción había sido ejercida por quien sufrió el error y dentro del plazo legal, pues el hecho que lo originó no había desaparecido debido a que el demandado continuaba cumpliendo la condena penal.

Una vez ejecutoriada la sentencia deberá practicarse la correspondiente subinscripción al margen de la inscripción matrimonial. El demandado no fue condenado en costas, pese a resultar vencido, debido a que litigó representado por la Corporación de Asistencia Judicial.

Vea sentencia Juzgado de Familia de Rancagua Rol NºC-2819-2024.