ONU adopta primera declaración sobre aumento del nivel del mar y sus consecuencias

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso un instrumento político inédito centrado de manera específica en las consecuencias legales, humanitarias y de desarrollo originadas por el crecimiento del océano. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió durante el encuentro que este fenómeno compromete la subsistencia de las comunidades litorales, recordando que en 2024 el océano subió casi seis milímetros, el mayor registro anual, y que hacia fines de siglo el incremento medio rondaría un metro si no se frenan las emisiones contaminantes.

El texto adoptado demanda una cooperación multilateral más profunda, el aceleramiento en la reducción de emisiones de gases contaminantes, mayores fondos dirigidos a la adaptación e infraestructura resistente, y respaldo prioritario para los pequeños Estados insulares en desarrollo y territorios ribereños de baja cota. Esta urgencia responde a que cerca de 900 millones de habitantes residen en franjas costeras vulnerables, con proyecciones que estiman que más de mil millones enfrentarán peligros directos derivados de estas aguas hacia el año 2050.

En el plano estrictamente legal, la Comisión de Derecho Internacional del organismo culminó en 2025 un examen iniciado en 2019 estructurado en tres ejes: ordenamiento marítimo, permanencia de la condición estatal y amparo de los afectados. Las conclusiones de este organismo confirmaron la existencia de un amplio respaldo entre los países para sostener las líneas de base y espacios marítimos actuales pese a las transformaciones físicas del borde costero, garantizando la continuidad de la soberanía, la estatalidad y la personería jurídica internacional.

Bajo los preceptos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el análisis técnico determinó que dicho tratado no impone a los Estados la obligación de modificar o actualizar sus delimitaciones, coordenadas o perímetros exteriores una vez registrados formalmente ante la secretaría del organismo. Esta postura se alinea con pronunciamientos judiciales internacionales, como el dictamen de 2024 del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que catalogó las emisiones provocadas por la actividad humana como una forma de contaminación marina sujeta al deber de prevención estatal.

A pesar de las gestiones impulsadas por bloques de islas del Pacífico para consolidar su reconocimiento territorial frente a la inmersión, el acuerdo aprobado mantiene abiertas interrogantes relativas a la nacionalidad, compensaciones económicas, reubicación forzada y ejercicio de la autoridad gubernamental ante éxodos masivos. No obstante, se ratificó que las poblaciones perjudicadas preservan la totalidad de las garantías otorgadas por el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente las relativas a la autodeterminación y la salvaguardia contra el desarraigo.

La adopción de este instrumento deriva de una resolución adoptada en 2024 que convocó a las delegaciones a una cumbre orientada a generar consensos alcanzables. Los Estados partes fijaron retomar el seguimiento de esta materia antes de la conclusión del octogésimo cuarto período de sesiones del plenario internacional, focalizando las próximas etapas en la entrega de financiamiento concreto y la defensa de las poblaciones que actualmente experimentan la pérdida efectiva de sus tierras.

Vea declaración de la ONU sobre aumento del nivel del mar.