Justicia europea dictamina que compañías en quiebra no pueden optar a subsidios para electricidad y gas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que las compañías declaradas en insolvencia no pueden acceder a los beneficios financieros previstos para industrias con alto consumo de electricidad o gas natural. La controversia se originó cuando las autoridades de Italia rechazaron incorporar al mayor conglomerado siderúrgico local en el listado de beneficiarios energéticos, fundamentando la decisión en que la firma atravesaba un régimen de intervención judicial extraordinaria por cesación de pagos.

Frente a la negativa administrativa, la compañía afectada presentó acciones judiciales ante un tribunak de su país, el cual suspendió la tramitación y elevó una consulta previa al TJUE. El objetivo del requerimiento consistió en determinar si excluir a las entidades sometidas a una administración extraordinaria vulneraba los principios de libre competencia y el marco regulatorio común sobre apoyos económicos públicos.

Al revisar el fondo, el TJUE constató que las directrices de la Comisión Europea sobre salvamento limitan la discrecionalidad al autorizar aportes estatales. Por este motivo, conceder excepciones no contempladas en las reglas técnicas implicaría quebrantar las garantías fundamentales de igualdad de trato y confianza legítima que amparan a los demás actores del mercado.

La resolución precisó que la normativa del país de origen se ajustó a los lineamientos que impiden otorgar subvenciones ambientales, climáticas o de energía a organizaciones categorizadas en crisis. En consecuencia, cualquier entidad sujeta a un procedimiento concursal que dependa de una declaración formal de insolvencia encaja dentro de esta condición restrictiva, lo que deberá verificar el juzgado de origen.

Asimismo, el fallo aclaró que el propósito de los procesos colectivos de insolvencia orientados a restablecer la viabilidad económica de las corporaciones no suprime su condición jurídica de crisis. La judicatura remarcó que las rebajas energéticas para altos consumidores y los mecanismos de rescate financiero cumplen propósitos divergentes que no pueden confundirse entre sí.

Vea sentencia Tribunal Superior de Justicia de Aragón.