Corte Constitucional de Colombia ordena garantizar enfoque cultural para reclusos indígenas

La Corte Constitucional de Colombia acogió una acción de tutela promovida por un comunero imputado en la justicia ordinaria, a quien se le había denegado cumplir la detención preventiva dentro del resguardo. La solicitud original, planteada conjuntamente por la defensa del imputado y la máxima autoridad tradicional de la comunidad indígena, pretendía autorizar la estadía en una casa de sanación local, alternativa descartada por el juzgado de origen bajo el argumento de riesgos para la seguridad.

Al analizar los hechos, el tribunal superior constató que el juzgado ordinario desestimó la petición fundándose en la gravedad de la conducta indagada, pauta ajena a los criterios jurisprudenciales vigentes para resolver estos traslados. De igual forma, la judicatura omitió la representatividad legal y comunitaria de la autoridad tradicional peticionaria y prescindió de un diálogo horizontal e intercultural orientado a equilibrar la soberanía del pueblo originario frente a las garantías de los demás integrantes del colectivo.

La Corte determinó también deficiencias en el examen del material probatorio aportado por la comunidad. El tribunal recurrido fragmentó los testimonios de la autoridad originaria para restarles mérito, asumió sin sustento que tales declaraciones provenían de presiones externas e ignoró antecedentes que daban cuenta de la aptitud del recinto tradicional para resguardar la comparecencia procesal y la dignidad del investigado.

Asimismo, la Corte reprochó los términos utilizados en la resolución cuestionada por afectar la presunción de inocencia. El juzgado de instancia fundamentó su negativa asumiendo la culpabilidad material del individuo investigado antes de que existiera una sentencia condenatoria firme en su contra, vulnerando el tratamiento debido a quien todavía enfrenta una etapa de indagación penal.

Ante estas vulneraciones, la Corte anuló la resolución que rechazó el traslado y ordenó abrir una instancia de diálogo intercultural debidamente documentada entre la justicia común y las autoridades del resguardo. Este procedimiento conjunto deberá contar con la intervención de las víctimas si ellas deciden presentarse, con el fin de sopesar las condiciones de seguridad y la autonomía comunitaria.

Finalmente, el pronunciamiento dispuso que, en el evento de comprobarse que el centro de sanación tradicional no satisface las exigencias de seguridad requeridas, la autoridad penitenciaria estatal tendrá el deber ineludible de adoptar salvaguardas materiales dentro de la cárcel ordinaria para respetar las costumbres y la pertenencia étnica del procesado.

Vea sentencia Corte Constitucional de Colombia T-222-26.