Tribunal español ratifica pago de horas extraordinarias a informático por ciberataque a entidad pública

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (España) ratificó la sentencia que ordena pagar 5.605.82 euros al jefe de sistemas de un organismo provincial por concepto de 166 horas extraordinarias. Dicha labor fue ejecutada entre el 10 de julio y el 27 de septiembre de 2023 con el propósito exclusivo de subsanar un incidente de seguridad digital que afectó a la institución el 7 de julio de ese mismo año.

La controversia se originó luego de que la unidad de personal del organismo rechazara la solicitud de pago presentada en noviembre de 2024. El departamento administrativo argumentó que la petición se encontraba prescrita, sosteniendo que había transcurrido con creces el período de un año contemplado por la ley desde la realización de las labores hasta la recepción formal del expediente en 2025.

Al revisar el caso, los magistrados determinaron que no existen dudas respecto a que las jornadas adicionales estuvieron plenamente dedicadas a enfrentar las consecuencias del ciberataque. Asimismo, el tribunal acreditó que las labores contaron con el visto bueno de las jefaturas competentes, las cuales en ningún momento objetaron el cómputo del tiempo extraordinario registrado por el profesional.

La resolución aborda los estándares probatorios aplicables a estos casos y recuerda que, si bien usualmente se exige una acreditación detallada y diaria de las horas trabajadas, este rigor cede frente a labores continuas y uniformes. En situaciones de esta índole, constatar un patrón constante de trabajo durante la contingencia resulta suficiente para demostrar la efectiva prestación del servicio fuera del horario habitual.

Finalmente, el tribunal resolvió desestimar el recurso interpuesto por la administración empleadora al concluir que la aprobación tramitada el 26 de noviembre de 2024 interrumpió el plazo anual de prescripción laboral. En consecuencia, la judicatura dejó a firme la obligación de abonar íntegramente la compensación económica demandada por el funcionario.

Vea sentencia Tribunal Superior de Justicia de Aragón.