Gestación subrogada en debate
Organizaciones feministas exigen prohibir la gestación subrogada en Chile y rechazan proyecto que busca regular su modalidad altruist
Diversas organizaciones feministas nacionales e internacionales difundieron una declaración pública en la que expresaron su rechazo a los proyectos que buscan regular la gestación subrogada en Chile y exigieron avanzar hacia su prohibición, al considerar que esta práctica, incluso cuando se…
Diversas organizaciones feministas nacionales e internacionales difundieron una declaración pública en la que expresaron su rechazo a los proyectos que buscan regular la gestación subrogada en Chile y exigieron avanzar hacia su prohibición, al considerar que esta práctica, incluso cuando se presenta como altruista, constituye una forma de explotación reproductiva de las mujeres y puede generar graves vulneraciones de derechos humanos.
El pronunciamiento surge en el contexto de la discusión legislativa sobre esta materia, particularmente después de que, según señalan las organizaciones, el 7 de septiembre de 2026 la Comisión de la Mujer del Senado aprobara en general la idea de legislar el proyecto contenido en el Boletín N°18.546-34, destinado a regular la denominada gestación subrogada altruista.
Las agrupaciones sostienen que esta modalidad no elimina los riesgos asociados a la utilización de la capacidad reproductiva de las mujeres para satisfacer los deseos de terceros, con independencia de que exista o no una compensación económica directa.
En su declaración, plantean que la gestación subrogada puede constituir una forma de trata de personas y favorecer prácticas vinculadas con la comercialización de la capacidad reproductiva femenina y la entrega de niños y niñas recién nacidos.
Asimismo, cuestionan la utilización de expresiones como gestación subrogada o maternidad subrogada, al estimar que contribuyen a presentar como una prestación de servicios lo que consideran una forma de explotación de las mujeres.
En respaldo de su posición, las organizaciones citan el informe de 2025 de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, titulado Las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la reproducción subrogada.
Según destacan, el documento recomienda avanzar internacionalmente hacia la erradicación de esta práctica en todas sus modalidades, mediante marcos jurídicos y políticas públicas orientadas a reducir la demanda y sancionar a compradores, clínicas, agencias e intermediarios involucrados.
Las agrupaciones subrayan que este enfoque no busca criminalizar a las mujeres que participan en estos procesos, sino establecer mecanismos de protección, estrategias de salida y campañas de información sobre los riesgos que atribuyen a la práctica.
En ese sentido, manifiestan su respaldo al proyecto de ley contenido en el Boletín N°17.337-07, que se encuentra en la Cámara de Diputadas y Diputados y que busca prohibir la gestación subrogada. A su juicio, esta iniciativa recoge parte de las recomendaciones internacionales y no contempla criminalizar a las mujeres.
Cuestionamientos a la autonomía y dignidad de las mujeres
Uno de los principales argumentos de la declaración apunta a que la gestación subrogada transforma la capacidad reproductiva femenina en un servicio destinado a terceros.
Las organizaciones sostienen que esta práctica deshumaniza a las mujeres al reducirlas a su función reproductiva, mediante denominaciones que, desde su perspectiva, fragmentan la experiencia integral de la maternidad y presentan el embarazo como una actividad susceptible de contratación.
Advierten que esta concepción convierte a las mujeres en medios para satisfacer los intereses de otras personas, afectando su autonomía, integridad y dignidad.
En particular, cuestionan que la maternidad pueda ser tratada como una prestación intercambiable o mercantilizable, en circunstancias que constituye una experiencia potencial de las mujeres, sin que ello implique considerarla una obligación.
Separación entre la madre y el recién nacido
Otro aspecto abordado en la declaración se relaciona con las consecuencias que, según las organizaciones, puede provocar la separación entre la mujer que da a luz y el recién nacido.
Las agrupaciones recuerdan que las políticas públicas chilenas han promovido durante los últimos años el parto respetado, el apego temprano, la lactancia materna y la prevención de la violencia obstétrica.
En este contexto, mencionan la Ley N°21.155, de 2019, que establece medidas de protección a la lactancia materna.
A su juicio, la gestación subrogada introduce una contradicción con esos objetivos, debido a que contempla la entrega del recién nacido a las personas requirentes, lo que puede implicar la interrupción del vínculo inicial con la mujer que lo gestó.
Las organizaciones consideran que esta separación puede afectar la integridad física y psíquica tanto de la madre como del niño o niña.
También destacan los beneficios nutricionales, inmunológicos y de desarrollo asociados a la lactancia materna, así como sus efectos positivos en la recuperación posparto de las mujeres, entre ellos la reducción de hemorragias, la liberación de oxitocina y determinados beneficios para el bienestar emocional.
Desde esta perspectiva, cuestionan que la regulación de la gestación subrogada pueda justificarse exclusivamente en el interés superior del niño, pues estiman que debe examinarse también el interés de las personas adultas que solicitan el procedimiento.
Filiación materna y derecho a la identidad
La declaración también aborda las consecuencias jurídicas de la gestación subrogada sobre la filiación y el derecho a la identidad.
Las organizaciones sostienen que el reconocimiento legal de la maternidad de la mujer que gesta y da a luz constituye una conquista histórica del movimiento feminista.
En su opinión, los acuerdos de gestación subrogada alteran ese principio, al establecer anticipadamente que la mujer que llevará adelante el embarazo no será reconocida jurídicamente como madre del recién nacido.
De esta manera, afirman que el vínculo filial deja de estar determinado por el embarazo y el parto para pasar a depender de un acuerdo previo entre las partes.
Las agrupaciones advierten que esta situación plantea interrogantes sobre el derecho de niños y niñas a conocer sus orígenes, su historia y su identidad.
Críticas a la modalidad altruista y al eventual mercado reproductivo
Un cuarto cuestionamiento se refiere a la existencia de una industria vinculada con la reproducción asistida y los acuerdos de gestación subrogada.
Las organizaciones argumentan que la ausencia de un pago directo a la mujer no significa necesariamente que desaparezca el componente económico, debido a que pueden intervenir clínicas, agencias, profesionales y otros intermediarios que reciben remuneraciones por sus servicios.
En consecuencia, consideran que la modalidad altruista no elimina por sí sola los incentivos comerciales ni los riesgos de explotación.
Como ejemplo, citan un caso del Reino Unido, donde se permite la gestación subrogada altruista y en el cual, según la declaración, un tribunal examinó pagos superiores a 151.000 libras esterlinas a una mujer y una agencia involucradas en el procedimiento.
De esa cantidad, aproximadamente 24.635 libras fueron reconocidas como gastos razonables, mientras que el resto de los pagos también habría sido autorizado judicialmente.
Las organizaciones utilizan este antecedente para cuestionar la posibilidad de establecer una separación efectiva entre los gastos derivados del embarazo y una eventual compensación económica encubierta.
En relación con el proyecto chileno, observan que la iniciativa contempla que las personas requirentes puedan solventar o reembolsar gastos razonables, necesarios, directos y acreditados asociados al procedimiento, embarazo, parto y puerperio.
Entre ellos se incluyen prestaciones de salud, medicamentos, traslados, alimentación suplementaria indicada, vestuario prenatal, cuidados de hijos u otras personas dependientes, asesoría jurídica, apoyo psicológico y pérdidas efectivas de ingresos laborales.
Sin embargo, las agrupaciones sostienen que este mecanismo sería difícil de fiscalizar y podría generar incentivos económicos para mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
También plantean que la existencia del secreto bancario dificultaría la trazabilidad de los pagos y el control del carácter altruista de los acuerdos.
En este punto, cuestionan que la gratuidad sea exigida principalmente a la mujer que lleva adelante el embarazo, mientras otros participantes del procedimiento pueden recibir remuneraciones.
Consentimiento y desigualdades estructurales
La declaración dedica otro apartado a examinar el consentimiento de las mujeres que aceptan participar en acuerdos de gestación subrogada.
Las organizaciones sostienen que la libertad de elección debe analizarse considerando las desigualdades económicas, sociales y culturales que pueden influir en las decisiones individuales.
En particular, advierten que las presiones no necesariamente se manifiestan mediante pagos directos, sino que también pueden producirse en relaciones familiares, de amistad o de dependencia emocional.
Desde esta perspectiva, cuestionan que la existencia de un consentimiento formal sea suficiente para descartar situaciones de abuso de poder, coacción o instrumentalización.
Asimismo, plantean que los estereotipos tradicionales asociados a la feminidad y a la disposición de las mujeres para cuidar a otras personas pueden influir en la aceptación de estos acuerdos.
Las agrupaciones sostienen que una concepción efectiva de la autonomía requiere examinar esas condiciones estructurales y no limitarse a constatar la voluntad expresada por las participantes.
También advierten que, según su interpretación de experiencias internacionales, la autorización inicial de la modalidad altruista puede abrir posteriormente el debate sobre la regulación de modalidades comerciales.
Llamado a rechazar la regulación y aprobar su prohibición
A partir de estos antecedentes, las organizaciones concluyen que ninguna persona debe ser objeto de arriendo, compraventa o entrega como parte de una relación contractual.
En consecuencia, solicitan rechazar el proyecto que busca regular la gestación subrogada altruista y avanzar en la aprobación de una legislación que prohíba esta práctica en todas sus modalidades.
La declaración fue elaborada y convocada por Contra el Borrado de las Mujeres Chile, WDI Chile, Resistencia Materna Chile, Fundación Libera, Ni Una Menos Chile y Coordinadora 19 de Diciembre.
A ella adhieren Historia y Memoria Feminista, Casa de la Mujer Margarita Pisano, Letras de Mujeres, Mujeres del Sur, Matria de Brasil, Alianza contra el Borrado de las Mujeres de España y AFRA Mujeres Feministas Radicales Andalucía, también de España.
Finalmente, las organizaciones convocaron a la ciudadanía a suscribir una declaración contra la regulación de la gestación subrogada y a favor de la prohibición de lo que consideran explotación reproductiva de las mujeres.
La convocatoria se encuentra disponible mediante un formulario de adhesión.
El documento concluye reafirmando que las mujeres deben ser reconocidas como personas con dignidad y derechos propios, y que la maternidad no debe transformarse en un servicio sujeto a relaciones comerciales.
Temas
Te puede interesar
Gestación subrogada Chile
Gestación por subrogación en Chile: problemas bioéticos que el altruismo no resuelve
Delitos sexuales
Aprueban sanciones penales para la maternidad subrogada
Impugnación de la maternidad
Justicia Argentina declara inconstitucional norma sobre maternidad y admite impugnación en caso de gestación por sustitución
