Corte Suprema mantiene condena a municipio por muerte de joven aplastado por rama de árbol.

En cuanto a la casación en el fondo, el recurrente alegó que la sentencia impugnada infringió diversas normas reguladoras de la prueba, al valorar incorrectamente los antecedentes aportados al proceso. Sostuvo que los informes periciales daban cuenta de podas anteriores del árbol, circunstancia que habría sido desestimada mediante una apreciación errónea de la prueba y la utilización de documentos privados no reconocidos. Asimismo, cuestionó la valoración de las pericias psicológicas y la acreditación de los perjuicios indemnizados. A su juicio, una correcta ponderación de los antecedentes habría permitido descartar la falta de servicio municipal y reconocer la concurrencia de un caso fortuito, por lo que solicitó invalidar la sentencia y rechazar la demanda.

La Corte Suprema señaló que, para examinar las infracciones de ley denunciadas, era necesario determinar previamente si se habían vulnerado normas reguladoras de la prueba, pues solo en ese supuesto resultaba posible modificar los hechos establecidos por los tribunales de instancia. Explicó que estas disposiciones se infringen, principalmente, cuando los jueces alteran la carga probatoria, admiten medios de prueba que la ley rechaza, excluyen aquellos que esta permite o desconocen el valor obligatorio que el ordenamiento les atribuye. De esta manera, precisó que el recurso de casación en el fondo no constituye una nueva instancia para revisar libremente la valoración de los antecedentes del proceso.

En ese sentido, descartó la vulneración del artículo 1698 del Código Civil, al constatar que los jueces no habían invertido la carga probatoria, sino que exigieron a los demandantes acreditar los presupuestos necesarios para configurar la falta de servicio, obligación que estimaron satisfecha con los antecedentes rendidos. Asimismo, precisó que el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil contiene reglas de carácter ordenatorio y no constituye una norma reguladora de la prueba. Por ello, consideró que los cuestionamientos del municipio expresaban, en realidad, una discrepancia con la valoración de los antecedentes, sin demostrar una infracción que permitiera modificar las conclusiones del fallo.

Respecto de los informes periciales, sostuvo que el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil entrega su valoración a los jueces conforme a las reglas de la sana crítica, sin imponerles un valor probatorio determinado. Añadió que la apreciación de las presunciones, regulada en el artículo 427 del mismo cuerpo legal, también corresponde a los tribunales de instancia, quienes deben evaluar su gravedad, precisión y concordancia. En consecuencia, explicó que la discrepancia del municipio con la ponderación de estos medios probatorios no bastaba para configurar una infracción susceptible de revisión mediante la casación, al tratarse de materias entregadas a la apreciación de los jueces de instancia.

En relación con los hechos establecidos, destacó que la caída de la rama que causó el fallecimiento de la víctima obedeció a la falta de mantenimiento del árbol, cuyo crecimiento desordenado de troncos y ramas aumentó la carga sobre sus uniones hasta provocar su desprendimiento. Recalcó que la Municipalidad responde por falta de mantención de árboles, puesto que la conservación del arbolado público constituye una responsabilidad propia de la administración comunal. En este caso, la omisión acreditada configuraba una falta de servicio que justificaba la responsabilidad indemnizatoria, permitiendo descartar tanto la existencia de un caso fortuito como una eventual exposición imprudente de la víctima al daño.

Finalmente, razonó que los hechos fijados por los tribunales de instancia resultaban inamovibles al no haberse demostrado una infracción de las normas reguladoras de la prueba. Observó que la argumentación del municipio pretendía sustituir esas conclusiones por otras favorables a su defensa, particularmente en cuanto a la existencia de podas anteriores, la concurrencia de un caso fortuito y la insuficiencia de los antecedentes sobre los perjuicios. Sin embargo, tales planteamientos descansaban en circunstancias distintas de las acreditadas durante el juicio, sin demostrar una vulneración legal que permitiera modificar los hechos establecidos. De esta manera, el recurrente pretendía desconocer precisamente los antecedentes que sustentaban la responsabilidad municipal, sin justificar jurídicamente su alteración.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de nulidad sustancial.

Vea sentencia de la Corte Suprema Rol Nº 34272-2026, de la Corte de Talca Rol Nº 572-2023 y del 4° Juzgado de Letras Civil de Talca Rol N° C-300-2022.