TC descarta discriminación en rechazo de pensión de sobrevivencia a mujer divorciada del causante

Las ministras Daniela Marzi y Nancy Yáñez, junto al ministro Mario Gómez, estuvieron por acoger el requerimiento. Consideraron que la aplicación de los requisitos de estado civil y filiación establecidos en esa disposición podía vulnerar la igualdad ante la ley y el derecho a la seguridad social, al excluir del beneficio a una mujer divorciada que había retomado la convivencia con su exmarido y dependía económicamente de él al momento de su fallecimiento.

La controversia surgió cuando una mujer recurrió de protección para ser reconocida como beneficiaria de la pensión de sobrevivencia de su expareja, con quien tuvo dos hijas, contrajo matrimonio en 2012, se divorció en 2018 y luego retomó la convivencia hasta su fallecimiento en 2023. Aunque un informe social acreditó que dependía económicamente del causante, AFP Capital rechazó otorgarle el beneficio porque era divorciada y sus hijas tenían filiación matrimonial. Los ministros disidentes cuestionaron que se la excluyera por esas circunstancias formales, pese a estar acreditada la dependencia económica, que estimaron constituye el fundamento principal de la pensión.

Los magistrados señalaron que la pensión de sobrevivencia, como parte del derecho a la seguridad social, busca proteger a quienes pierden los ingresos de la persona que contribuía a su sustento. Destacaron que los principios de universalidad e igualdad impiden excluir injustificadamente a quienes enfrentan la misma situación de necesidad. En ese contexto, consideraron que la exigencia de haber vivido a expensas del causante acredita la dependencia económica efectiva y constituye el elemento central del beneficio, mientras que el requisito de ser soltero o viudo cumple una función secundaria, originalmente destinada a evitar que el beneficiario mantuviera un matrimonio vigente con un tercero que pudiera proporcionarle sustento.

Los ministros recordaron que el Tribunal Constitucional había considerado arbitrario excluir de una pensión de sobrevivencia a mujeres divorciadas de matrimonios anteriores, cuando se encontraban en una situación de necesidad equivalente a la de las solteras o viudas que dependían económicamente del afiliado fallecido. Citaron diversos precedentes, entre ellos la sentencia Rol N° 15.479-24, que declaró inaplicable el requisito de ser soltera o viuda del artículo 9 del Decreto Ley N° 3.500. Añadieron que el estado civil es una categoría protegida por la Ley N° 20.609, por lo que las diferencias basadas en esa condición deben justificarse rigurosamente. A su juicio, la exclusión cuestionada no cumplía ese estándar.

Los ministros disidentes señalaron que el precedente Rol N° 15.326-24, que rechazó un requerimiento similar respecto de una mujer divorciada del propio afiliado fallecido, no podía aplicarse automáticamente a este caso. Explicaron que, a diferencia de aquella causa, en la controversia actual sí se acreditó la dependencia económica de la solicitante respecto del causante, mediante un informe social, lo que constituía una diferencia relevante para resolver el asunto.

Asimismo, cuestionaron que la posibilidad de haber obtenido una compensación económica al divorciarse permitiera presumir que la solicitante contaba con protección suficiente. Señalaron que este beneficio no se concede automáticamente y que no existían antecedentes de que ella lo hubiera solicitado u obtenido. Añadieron que la compensación económica repara el desequilibrio patrimonial producido durante el matrimonio, mientras que la pensión de sobrevivencia protege frente a la pérdida de quien proporcionaba el sustento. Destacaron que, tras divorciarse en 2018, la pareja retomó la convivencia hasta el fallecimiento del afiliado en 2023, período durante el cual la mujer dependió económicamente de él y ya no tenía derecho a alimentos como excónyuge. Por ello, estimaron que el matrimonio anterior no permitía presumir que contaba con protección económica suficiente.

Los ministros disidentes sostuvieron que el artículo 9 del Decreto Ley N° 3.500 mantiene requisitos basados en antiguas categorías de filiación que fueron eliminadas por la Ley N° 19.585, la que estableció la igualdad de derechos entre todos los hijos. A su juicio, la norma previsional no se adecuó a esas reformas y continúa condicionando el acceso a la pensión al estado civil del progenitor y a la filiación de sus hijos, en lugar de atender principalmente a la dependencia económica.

Destacaron que las hijas de la solicitante nacieron antes del matrimonio de sus padres y adquirieron filiación matrimonial cuando estos se casaron en 2012. Así, consideraron contradictorio que la mujer hubiera podido cumplir los requisitos para acceder al beneficio si nunca se hubiera casado con el causante, pero quedara excluida por haber formalizado posteriormente esa relación. Estimaron que esta diferencia carecía de justificación razonable y resultaba incompatible con la igualdad entre los hijos y el deber constitucional del Estado de proteger y fortalecer a la familia.

En síntesis, estimaron que el artículo 9 del Decreto Ley N° 3.500 mantiene requisitos desactualizados sobre el estado civil del progenitor y la filiación de los hijos, pese a las reformas que incorporaron el divorcio y establecieron la igualdad jurídica entre todos los hijos. A su juicio, su aplicación conjunta excluía injustificadamente a una mujer que, tras divorciarse del causante y retomar la convivencia con él, dependía económicamente de su expareja al momento de su fallecimiento. Por ello, los disidentes, estuvieron por acoger el requerimiento, al considerar que la exclusión vulneraba la igualdad ante la ley y el derecho a la seguridad social. Sostuvieron que el acceso a la pensión debe atender a la situación efectiva de necesidad y no quedar condicionado por categorías familiares formales que carecen de justificación razonable.

Vea sentencia Tribunal Constitucional Rol N°17.152-25-INA y expediente.