Años a contrata no aseguran continuidad en la función, afirma Corte Suprema

Finalmente, el tribunal concluyó que no se configuraba un actuar ilegal ni arbitrario por parte de la Municipalidad, toda vez que la decisión de no renovar la contrata del actor se encontraba debidamente fundada y dentro del ámbito de sus atribuciones, razón por la cual rechazó el recurso de protección interpuesto, sin condenar en costas por estimar que existía motivo plausible para litigar.

Apelado el fallo, la Corte Suprema lo confirmó, pero sustituyendo íntegramente los fundamentos de la sentencia de alzada y elaborando un nuevo razonamiento en torno a la naturaleza del vínculo a contrata, el alcance del principio de confianza legítima y, especialmente, el estándar de motivación exigible a la Administración para poner término a este tipo de relaciones estatutarias.

En esa línea, el máximo Tribunal recordó que los empleos a contrata tienen carácter esencialmente transitorio y expiran por el solo ministerio de la ley al término de cada anualidad, sin perjuicio de que la reiteración de renovaciones por un período prolongado —como ocurrió en la especie— permita configurar el principio de confianza legítima. Sin embargo, precisó que dicho principio no otorga inamovilidad al funcionario, pues la Administración puede poner término al vínculo mediante los mecanismos previstos en el ordenamiento, entre ellos, la dictación de un acto administrativo debidamente fundado.

A partir de ello, la Corte Suprema centró su análisis en la exigencia de motivación, destacando que los actos administrativos que afectan derechos deben expresar los hechos y fundamentos de derecho que los sustentan, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.880 y al principio de legalidad. En el caso concreto, estimó que la decisión de no renovar la contrata se apoyaba en un antecedente objetivo y verificable, consistente en la necesidad de dar cumplimiento al límite legal de gasto en personal a contrata previsto en la normativa aplicable, lo que justificaba la reducción de la dotación.

Sobre esa base, concluyó que el acto impugnado no podía calificarse como ilegal o arbitrario, desde que la autoridad actuó dentro de sus atribuciones y fundó su decisión en razones objetivas vinculadas al interés público, por lo que rechazó la acción deducida.

Acordada con el voto en contra de la ministra (s) señora Quezada y la abogada integrante señora Ruiz, quienes fueron del parecer de revocar la sentencia en alzada y acoger el recurso de protección, por estimar que la decisión de no renovar la contrata del funcionario carecía de una fundamentación suficiente, especialmente considerando la prolongada vinculación del actor con la Administración bajo dicha modalidad.

Las disidentes señalaron que, si bien la autoridad invocó razones generales como la necesidad de racionalizar recursos humanos y ajustar el gasto conforme al presupuesto municipal, tales argumentos no fueron debidamente acreditados en relación con la situación específica del recurrente. En particular, advirtieron que los antecedentes acompañados no permitían establecer de manera concreta los supuestos fácticos invocados ni justificar adecuadamente la supresión del cargo desempeñado por el funcionario.

En ese contexto, concluyeron que, tratándose de un funcionario con más de diez años de servicios continuos a contrata —y, por tanto, amparado por el principio de confianza legítima—, la autoridad debía cumplir con un estándar reforzado de motivación, el que no fue satisfecho en la especie. Por ello, estimaron que el acto impugnado resultaba ilegal y arbitrario, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley, proponiendo acoger la acción y, además, remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para los fines pertinentes.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°33401-2025 y Corte de Puerto Montt Rol N°101-2025 (Protección).