Diario Constitucional

Pasa a segundo trámite constitucional.

Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley que crea Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

La Cámara de Diputados aprobó -con 79 votos a favor, uno en contra y una abstención- el proyecto de ley, iniciado por mensaje, que estable un Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. El Registro estaría a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación y en él se anotarían las "órdenes de detención vigentes…

Por Redacción·07 de octubre de 2011·2 min de lectura
Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley que crea Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.
Referencial

La Cámara de Diputados aprobó -con 79 votos a favor, uno en contra y una abstención- el proyecto de ley, iniciado por mensaje, que estable un Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

El Registro estaría a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación y en él se anotarían las “órdenes de detención vigentes cuando éstas hayan sido libradas por Tribunales de Justicia con competencia en lo penal”, cuando “el imputado haya sido declarado rebelde”, cuando éste “se fugare estando sujeto al régimen de prisión preventiva” o “cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad”, como asimismo, en el caso que “se le revocare alguna de las medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad previstas en la Ley N° 18.216”, entre otros.

Representantes del Gobierno, manifestaron que el Registro permitirá una mejor administración de justicia “permitiendo una eficiente fiscalización y control de las personas que hayan cometido algún delito y no muestren disposición a someterse a la acción de la justicia o intenten evadirla”. La iniciativa contempla que sólo podrán acceder a la información contenida en el Registro, el Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, el Servicio de Registro Civil e Identificación, los departamentos de tránsito municipales y los órganos de la Administración del Estado que otorguen prestaciones de carácter económico.

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