Diario Constitucional

Recurso de protección acogido.

CORFO debe cumplir con el Convenio 169 de la OIT en lo referido al proceso de consulta para asignar los recursos destinados por SQM al desarrollo de comunidades indígenas ubicadas en el Salar de Atacama, resuelve la Corte Suprema.

Se trata de la decisión un órgano de la administración del Estado, cuyas consecuencias por su potencial económico inciden en las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en el área perteneciente a un proyecto de explotación minera.

Por Redacción·31 de agosto de 2022·7 min de lectura
CORFO debe cumplir con el Convenio 169 de la OIT en lo referido al proceso de consulta para asignar los recursos destinados por SQM al desarrollo de comunidades indígenas ubicadas en el Salar de Atacama, resuelve la Corte Suprema.
Referencial

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Antofagasta y acogió el recurso de protección interpuesto por la Comunidad Indígena Atacameña de Camar en contra de CORFO, al estimar que no cumplió el Convenio N° 169 de la OIT en lo referido a la asignación de los dineros otorgados por SQM Salar S.A. para el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas pertenecientes al territorio de Atacama La Grande, en el contexto del compromiso que asumió SQM Salar en la cláusula 16 del contrato de explotación de litio en el Salar Atacama que suscribió con CORFO.

El conflicto se relaciona con el contrato de extracción de salmueras de litio que establece mecanismos de asignación y distribución de los fondos que anualmente entrega SQM Salar S.A. (provenientes de las ventas realizadas por la empresa en el periodo anual anterior) a fundaciones u organismos que promueven inversiones en el área de desarrollo indígena Atacama La Grande, las cuales son designadas por la CORFO, y que encuentra su motivación en la implementación de buenas prácticas empresariales y desarrollo sustentable por parte de SQM.

La empresa le indicó a CORFO que en la elección de beneficiarios privilegiara a fundaciones con altos niveles de transparencia, buenos gobiernos corporativos y correctos regímenes estatutarios que permiten garantizar un adecuado uso de los recursos.

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