Corte de Santiago ordena reincorporar a funcionaria de la Presidencia desvinculada tras más de siete años de servicios

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto en contra de la Presidencia de la República y dejó sin efecto la Resolución Exenta que había dispuesto el término anticipado de la designación a contrata de una funcionaria a contar del día siguiente.

La recurrente sostuvo que su desvinculación fue ilegal y arbitraria, pues llevaba más de siete años de servicios continuos en la Presidencia de la República, con sucesivas renovaciones de su contrata, ascensos hasta el grado 4º de la Escala Única de Sueldos y calificaciones permanentes en Lista 1 de Distinción, sin sumarios ni sanciones disciplinarias. Cuestionó que se invocara una supuesta pérdida de confianza y que sus servicios ya no fueran necesarios, argumentando que su calidad de contrata no la convertía en funcionaria de exclusiva confianza y que las razones entregadas eran genéricas, vulneraban el deber de motivación y desconocían el principio de confianza legítima. Solicitó dejar sin efecto la resolución, ser reincorporada y recibir el pago de las remuneraciones y cotizaciones correspondientes al período de separación.

La Presidencia de la República solicitó rechazar el recurso, argumentando que la desvinculación se ajustó a derecho debido al carácter transitorio de los empleos a contrata y a la pérdida de confianza, que consideró una causal jurídicamente válida. Añadió que la decisión formó parte de un proceso de reestructuración y ajuste del gasto público, en el que se estimó que la jefatura debía ser ejercida por un profesional del área de administración o gestión de casinos. Asimismo, descartó la aplicación del principio de confianza legítima, pues la recurrente llevaba menos de cinco años en el cargo específico de Jefa de Departamento.

Al analizar la controversia, la Corte de Santiago se pronunció en primer término sobre la pérdida de confianza invocada por la autoridad. El tribunal sostuvo que la condición de funcionario de exclusiva confianza constituye una excepción al régimen ordinario de carrera funcionaria y de estabilidad relativa, por lo que requiere una habilitación legal expresa y debe ser interpretada de manera estricta.

Para ello, tuvo en consideración el artículo 32 Nº10 de la Constitución y el artículo 51 de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Al examinar el artículo 11 del Decreto Ley Nº3.529 de 1980 y el artículo 7º letra a) de la Ley Nº18.834, la Corte concluyó que el carácter de exclusiva confianza dentro de la Presidencia de la República se encuentra circunscrito únicamente a los cargos de planta.

En consecuencia, estimó que esa condición no puede extenderse por analogía a las personas que se encuentran vinculadas a la Administración bajo la modalidad de contrata.

Respecto del principio de confianza legítima, el tribunal reconoció que el artículo 3º del D.F.L. Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que contiene el texto refundido de la Ley Nº18.834, define los empleos a contrata como cargos de naturaleza transitoria.

Sin embargo, señaló que esa característica no faculta a la Administración para prescindir sin más de funcionarios que mantienen una relación estatutaria prolongada, continua y renovada sucesivamente en el tiempo.

La Corte precisó que la expectativa de permanencia protegida por el principio de confianza legítima se configura cuando el vínculo con la Administración se mantiene por más de cinco años continuos.