Corte ordena entrega de pasaporte a ciudadano con antecedentes penales cumplidos.

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de amparo interpuesto en contra de la PDI, Juzgado de Garantía y del Registro Civil e Identificación por no entregarle a una persona el pasaporte por mantener antecedentes penales.

La recurrente alegó que con ocasión de que el amparado debía realizar un viaje al extranjero concurrió al Registro Civil e Identificación a solicitar su pasaporte, sin embargo, dicho organismo lo condicionó a que regularizara su situación prontuaria ante la PDI, pese a que ésta última informó no existir órdenes judiciales vigentes que restrinjan su libertad ambulatoria.

Aduce que, si bien posee antecedentes penales por delitos cometidos en la década de 1990, ya cumplió las penas impuestas, e incluso fue levantado el arraigo nacional en su contra por resolución judicial del año 2015, reiterada en 2019 y nuevamente informada en 2025, por lo que el impedimento impuesto es completamente ilegal y arbitrario, desde que no existe fundamento normativo ni medida cautelar que lo justifique, lo que constituye una privación indebida de su derecho constitucional.