Diario Constitucional

Recurso de protección acogido.

Corte Suprema ordena a autoridades de Arauco y Biobío realizar las coordinaciones pertinentes para evitar hechos de violencia en la zona.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e insuficiente de las autoridades recurridas para hacer frente a los hechos delictivos que se reiteran en la zona sur del país.

Por Redacción·24 de abril de 2022·4 min de lectura
Imagen: Emol
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La Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto en representación de empresarios, trabajadores y gremios y le ordenó a las autoridades locales, los delegados presidenciales de la Región del Biobío y la Provincia de Arauco, realizar las coordinaciones pertinentes para evitar hechos de violencia en la zona.

El fallo señala que, aun cuando se torna evidente el despliegue del esfuerzo significativo realizado durante bastante tiempo por abordar la problemática expuesta, sin duda, la interposición de acciones constitucionales que tienen por propósito denunciar la transgresión de los derechos amparados por la Carta Fundamental, en vista de la continuidad e incluso el aumento de acciones de violencia como las que se denuncian por la parte recurrente, es posible advertir la falta de eficacia de las políticas implementadas para enfrentar este tipo de sucesos, tanto más cuanto que, más allá de la indudable necesidad de reparación o compensación en favor de aquellos que se han visto afectados con la ocurrencia de este tipo de hechos delictivos, lo cierto es que no puede perderse de vista que el enfoque primordial debe estar focalizado en la adopción de medidas tendientes a prevenir tales contingencias, puesto que, de ese modo será viable quitar de en medio la necesidad de reparación o, al menos, se reducirá de manera significativa.

La resolución agrega que, la impugnación que realiza la parte recurrente, no coloca en entredicho la potestad de las instituciones gubernamentales de adoptar aquellas decisiones que inciden en la resolución de problemas de carácter público, analizando, en primer término, el conflicto suscitado, seguido del estudio de las posibles soluciones y con ello su factibilidad de implementación en pos de desarrollar finalmente un plan de acción de política pública que en gran medida alivie el problema en constante desarrollo.

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