Sanciones disciplinarias a imputados en prisión preventiva solo requieren comunicación al tribunal y no autorización judicial.

La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra del Juzgado de Garantía de la capital de la Región de Ñuble por no haberse pronunciado sobre una sanción disciplinaria impuesta por Gendarmería en contra de un imputado en prisión preventiva.

El recurrente alego que, a pesar de que Gendarmería ofició al Juzgado de Garantía para autorizar la sanción disciplinaria de 30 días de prohibición de visitas, el recurrido resolvió que no se requería autorización sino que solo comunicarla, motivo por el cual la defensa repuso, sin embargo la magistratura no dio lugar al recurso, en circunstancias que de conformidad con el artículo 87 del Decreto Ley N°518 y el artículo 150 del Código Procesal Penal, cualquier medida disciplinaria impuesta a un imputado debe ser comunicada al tribunal que conoce la causa, para que este, en su calidad de garante de los derechos fundamentales y en resguardo del principio de presunción de inocencia, analice su legalidad y pertinencia, adoptando las medidas necesarias para proteger la seguridad e integridad del interno.

Aduce que, la falta de pronunciamiento del juez vulnera el derecho al debido proceso y la libertad personal del amparado, al permitir que una autoridad administrativa restrinja derechos sin el control judicial correspondiente.