Suprema revisará inadmisibilidad de recurso contra Curaduría de la Niñez

Además, se solicita rectificar, aclarar o eliminar de los informes las afirmaciones sobre nuevos conflictos y hostigamientos que no hayan sido verificadas o, si la institución sostiene que tienen respaldo, que identifique sus fuentes y antecedentes concretos. También se pide impedir que dichas afirmaciones vuelvan a utilizarse sin verificación, conservar los registros relacionados con el caso y adoptar medidas institucionales para evitar que situaciones similares se repitan.

Finalmente, el recurso solicita establecer controles para el tratamiento y traslado de información personal, médica, psicológica y familiar entre distintas causas, y que las medidas que eventualmente ordene la Corte sean asumidas institucionalmente y no queden entregadas exclusivamente a los profesionales que intervienen en cada proceso.

La Corte de San Miguel declaró inadmisible el recurso. Para ello, consideró que los hechos denunciados y las peticiones formuladas excedían las materias que pueden ser conocidas mediante una acción de protección, atendido su carácter cautelar.

El tribunal agregó que el conflicto ya se encontraba sometido al conocimiento de un juzgado competente en materia de familia y que, por lo mismo, los recurrentes contaban con esa sede judicial para hacer valer sus pretensiones y utilizar los mecanismos de impugnación que correspondieran. En esas condiciones, se estimó improcedente la intervención de la Corte de Apelaciones a través de un recurso de protección.

Por estos fundamentos, ordenó archivar los antecedentes, sin perjuicio de dejar a salvo los demás derechos que pudieran ejercer los recurrentes.

Frente a esa decisión, la parte recurrente presentó un recurso de reposición y, en subsidio, una apelación para ante la Corte Suprema, solicitando dejar sin efecto la resolución y que la acción constitucional fuera admitida a tramitación.

En su impugnación, sostuvo que la Corte de San Miguel habría excedido el examen preliminar propio de la etapa de admisibilidad al anticipar un resultado negativo respecto de una controversia que todavía no había sido tramitada. Según los recurrentes, el tribunal sustituyó el análisis de fondo por una presunción de improcedencia que no se encontraría suficientemente vinculada con los planteamientos contenidos en el recurso.

También afirmaron que la resolución confundió el contexto de las causas de familia con el verdadero objeto de la acción constitucional. Reiteraron que no estaban cuestionando resoluciones dictadas por un juez, sino determinadas conductas administrativas de la Corporación de Asistencia Judicial que, a su juicio, producían afectaciones autónomas a derechos fundamentales, entre ellos la honra, cuya reparación no correspondería al tribunal de familia mediante la tutela constitucional prevista en el artículo 20 de la Constitución.

Los recurrentes advirtieron que el criterio utilizado por la Corte podría generar lo que calificaron como una inmunidad constitucional derivada de la sola existencia de un proceso judicial, al entender que cualquier actuación de una institución pública quedaría fuera del control del recurso de protección por haberse producido dentro o en relación con un expediente judicial.

A su juicio, se trata de un conflicto de carácter institucional y ajeno al fondo de las causas de familia, pues atribuyen a una entidad pública la incorporación al sistema judicial de una narrativa de riesgo y hostigamiento basada en hechos que califican como falsos. Sostienen que ello no solo habría afectado a los adultos involucrados, sino también el interés superior de la niña, quien igualmente figura como recurrente y cuyo derecho a ser oída habría sido reemplazado por el relato de la contraparte.

Finalmente, la impugnación sostiene que la inactividad de la curaduría y el contenido de sus informes se habrían transformado en un obstáculo institucional para restablecer el vínculo entre padre e hija. Por ello, solicitan que la Corte intervenga para que la institución dé cuenta de las fuentes utilizadas en sus informes y rectifique las afirmaciones que consideran falsas y que, según alegan, continúan afectando sus garantías constitucionales.

La Corte Suprema deberá resolver en definitiva si el recurso de ser acogido o no a tramitación.

Vea texto recurso de protección, resolución de inadmisibilidad y apelación Corte de San Miguel Rol Nº3192-2026 (Protección).