Corte Penal Internacional emite órdenes de captura contra talibanes por persecución a mujeres y niñas en Afganistán

La Corte Penal Internacional (CPI) hizo públicas cuatro órdenes de detención dictadas entre julio y septiembre de 2025 contra altas autoridades del régimen de facto en Afganistán. El tribunal les atribuye responsabilidad penal por ordenar, inducir o solicitar la persecución por motivos de género, conducta calificada como crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Entre los requeridos se encuentran el líder supremo del movimiento, el presidente de la máxima instancia judicial, el titular de la cartera de Educación y el responsable del área de Educación Superior.

La Sala de Cuestiones Preliminares II constató que, si bien las políticas implementadas generaron graves atropellos contra la población civil en general, incluidos homicidios, encarcelamientos, torturas, violaciones y desapariciones forzadas, las mujeres y niñas fueron objeto de un ataque desproporcionado por su condición. A través de disposiciones y edictos, se les despojó del acceso a la educación, la intimidad y la vida familiar, además de cercenar sus libertades de movimiento, expresión, pensamiento, conciencia y religión.

En su razonamiento, los jueces establecieron que la noción de género del tratado fundacional debe contemplar los roles, conductas, expectativas y jerarquías socialmente construidos en torno al sexo. De este modo, la persecución punible no comprende únicamente las agresiones físicas directas, sino también el daño institucional y sistemático derivado de la imposición obligatoria de pautas sociales abiertamente discriminatorias.

Análisis de organismos especializados en derechos de las mujeres advierten que estas medidas y las nuevas normas procesales penales afganas transgreden tratados internacionales. Dichos actos vulneran preceptos de la Declaración de El Cairo sobre Derechos Humanos en el Islam en materias de igualdad, vida, integridad personal y acceso al conocimiento, así como el resguardo a la vida, libertad y seguridad personal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó que más de dos millones de estudiantes han quedado excluidas del sistema formativo secundario y superior desde 2021. Asimismo, señaló que nuevas directrices dificultan los trámites de separación conyugal para las mujeres y legitiman implícitamente el matrimonio infantil y la violencia familiar, instando a los Estados a redoblar esfuerzos para exigir el cumplimiento de obligaciones internacionales.

Finalmente, la CPI enfatizó el deber que le asiste de ponderar las garantías procesales de los imputados con la protección efectiva de las personas afectadas. En ese marco, recordó la vigencia de las disposiciones del Estatuto de Roma destinadas a resguardar la seguridad, dignidad y bienestar de las víctimas e intervinientes a lo largo de todo el procedimiento judicial.

Vea texto de la resolución.