Juez de EE.UU. suspende millonarias multas a migrantes que no acatan voluntariamente órdenes de deportación

Un Tribunal de Distrito de Estados Unidos dictó una resolución que suspende temporalmente la facultad de la administración del presidente Trump para fijar y cobrar multas de hasta 1.8 millones de dólares a migrantes que no abandonen voluntariamente el territorio tras recibir órdenes finales de deportación.

La decisión judicial acogió la solicitud de suspensión presentada en una demanda colectiva promovida por el Immigrant Legal Resource Center (ILRC) y dos personas afectadas. El tribunal determinó que los demandantes tienen alta probabilidad de prevalecer al alegar infracciones a la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), debido a que la autoridad no habilitó un período de notificación y comentarios públicos para emitir la regla.

El magistrado fundamentó que las sanciones superan con creces la capacidad económica de los afectados, quienes ya se encontraban en precariedad financiera. Asimismo, destacó que tales cobros exponían a las personas al embargo de remuneraciones y cuentas bancarias, confiscación de vehículos y viviendas, reportes tributarios desfavorables, demandas federales de cobro y efectos adversos en futuros trámites de admisibilidad.

El litigio impugna la Orden Ejecutiva de enero de 2025 denominada Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión, que ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicar sanciones a quienes permanezcan de manera irregular. En respuesta, en junio de 2025, el DHS modificó el procedimiento de penalidades civiles para aplicarlas con mayor rapidez y alcance.

El tribunal advirtió que el gobierno recurrió a una cláusula en desuso de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, que autoriza castigos económicos por no salir voluntariamente del país. El gobierno interpretó dicha norma fijando cobros de 998 dólares diarios de manera retroactiva por hasta cinco años, acumulando cifras millonarias en casos individuales.

Hacia julio de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional ya había emitido más de 103.000 multas a personas migrantes, por un valor conjunto estimado en 84.000 millones de dólares, medidas que continuarán paralizadas mientras avance la revisión de fondo en la sede judicial correspondiente.

Vea texto de la sentencia.