Tribunal de EE.UU. deja sin efecto recortes a programas de diversidad, equidad e inclusión en educación

El Tribunal de Distrito de Massachusetts (Estados Unidos) dictó una orden judicial permanente que invalidó la directiva del Departamento de Educación denominada “Eliminar la discriminación y el fraude en la concesión de subvenciones departamentales”. Dicha disposición ministerial había dejado sin efecto 104 de los 109 aportes estatales de los programas Teacher Quality Partnership y Supporting Effective Educator Development, cuyo monto total alcanzaba cerca de 600 millones de dólares.

En su resolución, determinó que la decisión oficial era arbitraria, caprichosa y contraria a la ley, particularmente frente a la Ley de Procedimiento Administrativo. El dictamen subrayó la falta de claridad en las definiciones gubernamentales, advirtiendo que resultaba contradictorio tildar de discriminatorias a materias formativas de apoyo socioemocional o de integración comunitaria en las aulas.

La directiva fue dictada por la entonces secretaria interina de Educación, Denise Carter, en cumplimiento de dos órdenes ejecutivas suscritas por Donald Trump. El mandato 14173 ordenó eliminar referencias y ayudas económicas a programas de diversidad, equidad e inclusión(DEI), mientras que el decreto 14190 exigió a las autoridades sectoriales diseñar en 90 días un plan para erradicar el financiamiento federal a contenidos considerados adoctrinamiento en la enseñanza escolar.

El fallo citó proyectos damnificados como los de California, orientados a preparar y retener docentes en distritos rurales y urbanos de alta necesidad, contexto agravado por la caída del 35 % de egresos en carreras pedagógicas y el retiro de 300.000 profesionales por año. La jueza también mencionó la pérdida de 3.2 millones de dólares en la Universidad Estatal de Frostburg en Maryland y de 2.3 millones de dólares en la Universidad de Massachusetts Amherst para auxiliares escolares.

La causa se originó tras una demanda de ocho estados encabezados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ante lo cual un juez decretó una restricción temporal que rigió hasta marzo de 2026. Aunque el gobierno solicitó paralizar esa orden cautelar, el propio juez rechazó la petición y, posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ratificó el bloqueo judicial de los recortes el 21 de marzo.

Tras las determinaciones del tribunal la fiscal James sostuvo públicamente que los escolares de zonas rurales y marginadas tienen derecho a contar con maestros calificados y educación de calidad. Con la decisión del tribunal, quedó sin sustento jurídico la pretensión del gobierno federal de cancelar de manera anticipada los convenios de financiamiento ya aprobados.

Vea texto de la sentencia.