Tribunal de EE.UU. ordena al gobierno suspender anuncios televisivos financiados con fondos públicos

Un tribunal de distrito de Estados Unidos dictó una orden de restricción temporal que instruye al gobierno detener de forma inmediata la difusión de una serie de anuncios televisivos a su favor. La resolución prohíbe igualmente cualquier contratación o adquisición futura de espacios publicitarios tanto al Poder Ejecutivo como a cualquier entidad que actúe en colaboración con la administración gubernamental.

El conflicto legal se originó tras una demanda presentada a principios de octubre por una organización ciudadana. Denunció que la campaña vulnera la disposición constitucional que reserva de manera exclusiva al Congreso la autorización de los gastos fiscales, puesto que ya se habían desembolsado diecinueve millones de los veinte millones de dólares acordados para la publicidad.

Dichos fondos provenían del presupuesto original de la agencia de resguardo fronterizo, dependiente de la cartera de seguridad interna. La agrupación planteó además que el gobierno federal afectó el principio constitucional de igual protección, asegurando que los mensajes televisivos buscan favorecer al sector gobernante y perjudicar a la oposición en comicios estrechos al utilizar el aparato estatal con fines políticos.

El gobierno contestó el requerimiento señalando que la entidad demandante no había acreditado la existencia de perjuicios irreparables. No obstante, la magistrada desestimó dicha postura tras concluir que la parte acusadora demostró una alta probabilidad de triunfo sobre el fondo del asunto, la certeza de daño grave sin intervención judicial, un balance favorable y la protección del interés público.

De forma complementaria, el comité directivo del Partido Demócrata también solicitó una orden cautelar contra las emisiones. Su petición se fundamentó en la normativa legal vigente desde mediados del siglo pasado que prohíbe de modo expreso el empleo de fondos públicos para fines de publicidad o propaganda partidaria dentro de las asignaciones de los presupuestos federales.

La oposición sustentó adicionalmente su acción judicial en dos normativas que rigen el ejercicio del gasto fiscal. Invocaron la legislación que sanciona los compromisos presupuestarios anticipados o en exceso respecto de lo autorizado previamente y la regulación que exige aplicar los dineros únicamente a los objetivos específicos fijados por el Congreso, salvo que exista un mandato legal distinto.

Vea texto de la resolución.