Los avances tecnológicos están transformando el ejercicio del derecho de formas que apenas comenzamos a comprender. Adaptarse no es una opción: es una condición necesaria para seguir ejerciendo la profesión con sentido y eficacia.
Nuevas plataformas y herramientas tecnológicas ya son capaces de procesar documentos, buscar jurisprudencia y normativa, redactar contratos e incluso realizar análisis jurídico generativo en forma casi instantánea, muchas veces de manera totalmente gratuita.
Resulta fascinante imaginar una verdadera democratización del conocimiento legal, donde cualquier persona pueda acceder, sin intermediarios y de forma clara e inmediata, a respuestas para sus dudas legales más básicas. Un mundo donde la presunción de conocimiento del derecho deja de ser una ficción legal para convertirse en una realidad accesible desde el celular de cualquier ciudadano.
También es posible proyectar que estas tecnologías permitirán reducir los tiempos de respuesta de tribunales y órganos administrativos, dotándolos de herramientas para resolver con mayor fundamento, transparencia y predictibilidad, y entregando así mayor certeza jurídica a la población.
Lejos de hacer prescindibles a los abogados, estas tecnologías potenciarán su labor, permitiéndoles concentrarse en lo que constituye la esencia de su vocación: el razonamiento jurídico, la interpretación normativa aplicada al caso concreto, la ponderación de riesgos, la definición de estrategias, la resolución de controversias, el buen consejo y la búsqueda de justicia. Todos estos atributos seguirán siendo profundamente humanos y no serán reemplazados por algoritmos.
En este nuevo escenario, cabe esperar una oferta de servicios legales de mejor calidad, a precios más competitivos, lo que permitirá una expansión significativa de la demanda por asesoría jurídica. Personas que antes no accedían a estos servicios por su alto costo, o que simplemente no veían sentido en embarcarse en una aventura legal sin certeza respecto del tiempo o resultado, ahora podrán hacerlo.
Este panorama impone un compromiso renovado con la formación de las actuales y futuras generaciones de abogados, así como una urgente adaptación de las personas, organizaciones e instituciones que ejercen el derecho o tienen potestades jurisdiccionales y administrativas. Universidades, centros de investigación, estudios jurídicos y asociaciones gremiales deben asumir un rol activo en facilitar el acceso y la apropiación de estas herramientas.
Para quienes abracen este cambio con decisión y responsabilidad, se abre un mundo de oportunidades. (Santiago, 13 de junio de 2025)
