Alcances del sistema tasado y graduado de la mala fe concursal: algunas observaciones a casi dos años de vigencia.

Con la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.563 en 2023, el sistema concursal chileno hizo suyo una demanda exigida desde los inicios de su vigor. En efecto, la incorporación del incidente de mala fe del artículo 169 A, nueva norma contrapeso a la extinción de los saldos insolutos al término del procedimiento de liquidación, ponía fin a la otrora concesión incondicionada beneficio. Hasta dicha anualidad, la exoneración de pasivos insatisfechos había operado bajo una lógica automática: una vez liquidados los bienes del deudor y pagados los créditos hasta donde alcanzaran, las deudas remanentes se extinguían de pleno derecho, sin evaluación de la conducta del deudor, ni miramientos de la naturaleza de la clase de obligaciones condonada.

Sobre el diseño del incidente, el mencionado artículo 169 A permite al liquidador y los acreedores reclamar la mala fe del concursado excluyendo total o parcialmente el efecto liberatorio, ofreciendo un elenco de cinco hipótesis tasadas y taxativas – la entrega de antecedentes falsos, el ocultamiento de bienes y la sentencia condenatoria firme de delito concursal o acciones revocatoria concursal –.

Aunque a primera vista esto parece una mejora coherente con la regulación comparada y los problemas de riesgo moral denunciados durante la primera etapa de la Ley, una mirada más detenida permite concluir que el mecanismo adoptado por el legislador chileno podría parecer parcialmente ineficaz, por carecer de presupuestos normativos objetivos que garanticen sus objetivo en cuanto herramienta sancionatoria y tutelar de la satisfacción del crédito: prevenir conductas oblicuas a los fines del concurso y castigar a quien no tenga méritos suficientes para obtener el generoso beneficio de la descarga.