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#LIQUIDACION

Imagen: prensajuridica.com

Contratación Pública

Proyecto de ley busca impedir que empresas insolventes vuelvan a licitar a través de nuevas sociedades que tengan un objeto similar y compartan socios o accionistas

La iniciativa propone modificar la Ley N°19.886 para establecer una inhabilidad especial en el Registro de Proveedores respecto de personas jurídicas creadas para dar continuidad económica a empresas que se hayan acogido a procedimientos concursales de reorganización o liquidación tras contratar con el Estado.

19 de mayo de 2026

emol.com

Requerimiento de inaplicabilidad

Se impugnan normas que fijan plazo de cinco días para oponer excepciones tras la notificación de la liquidación en un juicio ejecutivo laboral

La requirente sostiene que el plazo de cinco días para oponer excepciones en la ejecución laboral vulnera la igualdad ante la justicia y el debido proceso, al impedir al ejecutado hacer valer la excepción de pago fuera de esa etapa inicial, generando una diferencia arbitraria respecto del régimen civil y exponiéndolo a pagar más de lo adeudado o incluso a un doble pago.

26 de noviembre de 2025

elserenense.cl

Ley N° 20.720

Contraloría determina que corporaciones municipales no pueden someterse a la Ley de Insolvencia

En respuesta a una consulta de la Municipalidad de La Serena, la Contraloría concluyó que la Corporación Municipal Gabriel González Videla no puede acogerse a los procedimientos de liquidación regulados por la Ley N° 20.720, al estar sujeta a un régimen jurídico de derecho público. Su disolución debe realizarse conforme a sus estatutos y que el municipio deberá reasumir las funciones y el personal traspasado.

08 de noviembre de 2025

Imagen: Microjuris

Mala fe en procedimientos

Alcances del sistema tasado y graduado de la mala fe concursal: algunas observaciones a casi dos años de vigencia.

La inclusión del incidente de mala fe en la Ley N.º 21.563 representa un avance en la disciplina del sistema concursal chileno, pero su diseño actual —basado en causales taxativas y sin criterios claros de aplicación judicial— revela importantes debilidades como herramienta efectiva para castigar conductas desleales y proteger el interés de los acreedores. Urge repensar su configuración normativa y práctica para cumplir adecuadamente su función tutelar y sancionadora.

06 de junio de 2025