Un caso más de conmoción pública ha causado este juicio. Existen muchos sentimientos encontrados. Como jurista, creo que debemos tener en consideración varios aspectos. Primero, existe un Debido Proceso de Derecho. Por medio de él en un juicio oral y público al acusado se lo puede condenar o absolver. Esa es labor de los jueces. El defensor debe generar una duda razonable. El Ministerio Público tiene que probar más allá de la referida duda que el acusado es culpable. Frente a casos como éste, y otros recientes, ha causado escándalo que se absuelva a los acusados. Lamentablemente a través de la prensa se producen juicios paralelos y condenas anticipadas. No hay que perder de vista que el único órgano encargado de dictar una sentencia condenatoria es un Tribunal constituido por ley con anterioridad a la comisión del hecho. Además, es un derecho de todo ciudadano la presunsión de inocencia. En ese sentido, la crítica social que se está efectuando a los jueces es injusta, apresurada y desinformada. Me explico, la carga de la prueba la tiene el Estado. La persona se presume inocente, y es el Estado a través del Ministerio Público (no de los jueces) quien debe acreditar más allá de una duda razonable que al acusado le ha cabido participación en un delito como autor, cómplice o encubridor. Los jueces no deben probar nada. Es el Ministerio Público quien debe probar. Si se han logrado absoluciones en casos emblemáticos con acusados privados de libertad por lago tiempo, el problema no es del sistema.  Es del Ministerio Público. Algo están haciendo mal. ¿Serán las perversas metas por gestión? Los jueces deben “convencerse” para condenar, y esa convicción debe ser casi absoluta. Esa es la garantía de todo ciudadano. Si los jueces dudan, deben absolver porque toda persona es inocente, a no ser que se demuestre lo contrario. Otro ingrediente perverso lo genera la prensa (al generar una sensación de “condena anticipada”) y del Ministerio Público, al no haber logrado conseguir suficiente evidencia para producir en los jueces una convicción más allá de una duda razonable. El costo social, económico, personal y familiar de todos los involucrados es muy costoso.

Prof. Dr. Gustavo Balmaceda Hoyos
Académico Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Universidad San Sebastián