Rusia está llevando a cabo una invasión en Ucrania, con graves consecuencias en pérdidas humanas y materiales, todas las normas del Derecho Internacional Público se ponen en jaque cuando en pleno Siglo XXI un país invade a otro, alegando que dicho país constituye un peligro para su seguridad y soberanía. A la luz está quién es el peligroso.
Siempre se sostiene que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia y sobre ello no cabe la menor duda, la libre exteriorización del pensamiento, sin censura ni temor a represalias es esencial para la democracia para el proceso de formación de la opinión pública. En los últimos días, los medios de comunicación social internacionales han destacado el cierre de medios digitales y redes sociales en Rusia, la comunidad internacional parece bastante sorprendida ante esta arremetida del gobierno de Putin contra la libertad de expresión. Pero lo cierto es que la situación de los Derechos Fundamentales en Rusia es bastante cuestionable desde hace un buen tiempo.
Si hacemos un breve recuento centrándonos en los ataques a la libertad de expresión , encontramos que en el año2014 el Gobierno ruso (Con Vladimir Putin a la cabeza) aprobó una ley que obligaba a todos los blogueros que superen las 3.000 visitas diarias a identificarse de manera personal en su propia web y ante un registro oficial del Gobierno, también se aprobó otra polémica ley que permitía al Ejecutivo cerrar toda aquella web que considerara “extremista” o que convocara a sus usuarios a reuniones públicas no autorizadas.
El talante autoritario de Putin ha estado bastante claro y nos demuestra una vez más que la protección irrestricta a los derechos fundamentales es inseparable de las ideas de democracia y Estado de Derecho y que no debe admitirse ninguna forma de vulneración a los derechos fundamentales.
En este corto recuento de violaciones a la libertad de expresión en Rusia, también pueden destacarse, las modificaciones a la denominada ley sobre “noticias falsas”, promulgada en 2019,mediante la cual se penalizaron la “difusión, a sabiendas, de información falsa sobre circunstancias que supusieran una amenaza para la vida y la seguridad de la ciudadanía y/o sobre las acciones del gobierno para proteger a la población”. Las penas para las personas llegaban a los cinco años de prisión si la difusión de información daba lugar a lesiones o muertes, y las penas para los medios de comunicación eran fuertes multas. Se impusieron multas a cientos de personas en procedimientos administrativos.
La mayoría de las personas sancionadas fueron activistas civiles, periodistas y blogeros críticos al gobierno de Putin. Se enjuiciaron al menos a cinco medios de comunicación. El periódico Novaya Gazeta[1] y su redactor jefe fueron multados dos veces, en agosto y septiembre, por publicaciones sobre la COVID-19, y recibieron la orden de eliminar artículos de Internet.
En junio de 2020 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en la causa Vladimir Kharitonov v. Russia, que las medidas de bloque e internet impuestas por el gobierno de Putin eran “excesivas y arbitrarias” y que vulneraban el derecho a difundir y recibir información. Otra ley promulgada en diciembre 2020 introdujo el encarcelamiento por la difamación en Internet.
La lista de actuaciones del gobierno de Putin contra la libertad de expresión y el derecho a la información es extensa y de vieja data. Todos recordamos las persecuciones contra las Pussy Riot, colectivo ruso feminista de punk-rock, que transmite mensajes de crítica política y temas de actualidad como los derechos LGTB, el feminismo, la situación de la libertad de expresión, la represión de los movimientos artísticos en Rusia. Todo ello a través de un “performance”. En un indudable ejercicio de libertad de expresión.
El 21 de febrero de 2012, durante un concierto improvisado en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, tres mujeres de la banda fueron arrestadas y acusadas de, vandalismo. Su juicio se inició a finales de julio, y fueron condenadas a dos años de cárcel.
En el marco de la invasión a Ucrania, el gobierno de Putin ha demostrado una vez más, que fiel a su comportamiento reiterado, reprime cualquier disidente a la invasión. El bloqueo de Facebook y la restricción de Twitter se produjeron el mismo día en que Moscú respaldó la imposición de penas de cárcel a los medios que publicaran «información falsa» sobre el Ejército.
Es así como desde la invasión de Ucrania por el gobierno de Putin, las autoridades rusas han aumentado la presión contra los medios independientes a pesar de que la libertad de prensa en el país ya estaba profundamente limitada.
Uno de los pilares del autoritarismo es controlar la información, la libre de difusión de ideas, ello se considera un enemigo muy peligroso, en este caso, Putin hubiese querido invadir a Ucrania y controlar toda la información sobre el tema también a nivel internacional como lo ha hecho en Rusia. Sin embargo, a pesar de los controles y represión, existen muchos artilugios de la tecnología que permiten burlar los filtros y bloqueos impuestos en internet. Y por lo tanto, transmitir información de la invasión al propio pueblo ruso desde otra perspectiva.
Desde una visión siempre garantista de los derechos fundamentales, también resulta cuestionable las medidas de bloqueo y censura impuestas a los medios de comunicación públicos de Rusia. La democracia y el Estado de Derecho requieren debate plural y libre incluso en aquellos casos en los que el mensaje provenga del agresor, quien niega la propia libertad de expresión. No apoyamos las medidas que impongan una censura total, pensamos va en detrimento del proceso de formación de la opinión pública que como ya hemos expresado es esencial dentro de la democracia y el Estado de Derecho. Las noticias falsas, la desinformación, la posverdad se combaten con el debate de ideas, incluso ante una situación tan gravosa como invadir a otro país, lo cual ha ocasionado, pérdidas humanas, materiales, destrucción, ola de refugiados. (Santiago, 11 marzo 2022)
[1] https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/rusia/