Colegios profesionales con ética a medias tintas y Códigos de Ética para el compliance penal: Un contrasentido mayúsculo de la ley 21595.

La cuestión “ética” se ha tomado la agenda tanto al interior del Poder Judicial -a propósito de supuestos nombramientos irregulares de ministros/as, donde el presidente de la Corte Suprema anunció hace unos meses la conformación de una Comisión de Ética- como así también por la reciente declaración del Colegio de Abogados en cuanto a que “el marco constitucional y legal actualmente vigente debilita dicho control, sin establecer una jurisdicción universal, creándose estándar diferenciado entre abogados colegiados y no colegiados”; sin embargo, esta propuesta no es nueva dado que ya en el año 2021 esa Orden ya habia planteado respecto a “establecer y regular la afiliación obligatoria a un colegio profesional como condición previa para ejercer ciertas profesiones” Ahora, se suma al debate el Poder Legislativo al anunciar una modificación a nuestra Carta Política para instaurar la colegiatura obligatoria y el control ético profesional (Boletín 17083-07).

Así las cosas, la “ética”, la “honestidad” y la “hipocresía” han sido probablemente las palabras más bulladas en el medio nacional estas últimas semanas, donde pareciera ser que hoy todas ellas resuenan como “la palabra del día de la RAE”; pero seamos honestos: ¿Quién ha leído y escudriñado de los aspectos deontológicos que cada colegio profesional consigna en sus estatutos o normativa interna? Pareciera ser que casi nadie, ni siquiera los propios colegiados hacen el ejercicio de leer sus Códigos de Ética, más bien, este tipo de normas serían el ingrediente soporífero del paquete gremial. ¿Quién es el responsable de aquello? No hay que apresurarse en buscar una respuesta. Por consiguiente, dada la actual institucionalidad ¿tiene algún sentido colegiarse? ¿las Casas de Estudios Superiores se preocupan (y ocupan) de la formación ética de sus egresados (en programas del pregrado)? O más profuso aun: ¿Qué ha hecho el Estado de Chile al respecto?

Más bien lo que uno observa es que, repentinamente, el recién graduado se enfrenta al mundo público o privado cumpliendo con “capacitaciones” como parte del proceso de inducción laboral, que posteriormente se olvidan. En otras palabras, debiendo ser el Estado el que se ocupe del deber formativo-ético de los futuros profesionales, esta tarea se le “encarga” o se delega, o queda relegada, al sistema público y privado como la responsable de tener personas “probas y de bien” ¿Es de Perogrullo comprender sobre qué debe entenderse por “probidad y “ciudadanos de bien”; lo sabe eso la “Sra. Juanita” y su parentela?