Constitución, aguas y derecho penal.

Hoy más que antes se habla y escribe del agua; de la disponibilidad del recurso y de la suficiencia o insuficiencia de sus marcos normativo e institucional.

En este contexto, se reflexiona bastante sobre las consecuencias que se podrían derivar de establecer con rango constitucional la naturaleza jurídica de las aguas terrestres. Naturaleza que hoy ya cuenta con rango legal en virtud de lo dispuesto en los arts. 5° y 595 del Código del ramo y del Código Civil, respectivamente.

Sin embargo, y pese a que se repite con frecuencia que “el Derecho penal es Derecho constitucional aplicado”, poco se habla y menos se escribe de la situación que vive el Derecho penal de aguas vigente y de las consecuencias que para él implicaría un cambio constitucional sobre la materia.