El proceso constitucional avanza según lo planificado: la comisión Experta ha culminado su trabajo y entregado un borrador que ahora revisará el Consejo Constitucional para redactar el texto definitivo que será sometido al veredicto de la ciudadanía.

Sin embargo, hay que entender el proceso en su exacta dimensión. Los chilenos tenemos la facultad para aprobar o refutar el texto que se nos proponga, de modo que de ser aceptado regirá como la nueva Carta Magna de nuestro país y de ser rechazado se mantendrá el texto vigente, esto es la Constitución del año 2005 promulgada por el ex Presidente Ricardo Lagos, texto legal elaborado en democracia durante varias décadas y en el cual participaron varios presidentes, congresos y parlamentarios.

Dadas, así las cosas, nuestra decisión debe quedar motivada por la comparación de ambos textos – el que se nos propondrá y el que nos rige –  para elegir aquel que satisfaga mejor nuestros anhelos de libertad, progreso y orden institucional. En esta tarea de cotejo de textos y reflexión de contenidos debemos adoptar una actitud objetiva, abandonando los prejuicios y todas aquellas consideraciones ideológicas, añejas, gastadas y revanchistas que nada aportan a un análisis serio acerca de su contenido y se encuentran hoy completamente superadas.

El trabajo de la Comisión Experta – que ya ha entregado su borrador – es, sin duda alguna, un trabajo serio y acucioso que en el texto redactado presenta innovaciones interesantes respecto del actualmente vigente del año 2005, pero que al mismo tiempo no satisface exigencias fundamentales en materia de libertades básicas y su aplicación práctica, lo que la presenta en desventaja con la Constitución que actualmente nos rige. Las primeras encuestas conocidas reflejan esta desilusión ciudadana.

Entre las falencias que presenta el borrador propuesto pueden anotarse, entre otras, el no garantizar la propiedad de los ahorros previsionales para sus dueños como tampoco su carácter de inembargables, inexpropiables y heredables; tampoco asegura que cada cual pueda ejercer el derecho de elegir quién se los administrará. En materia de salud no queda asegurado el derecho de cada trabajador de elegir a que prestador – publico o privado –  entregará su aporte del 7%. Contiene también el borrador de la Comisión Experta inexactitudes que preocupan a parte importante de los chilenos como no proteger la vida del que está por nacer; imponer esa paridad forzada que es fuente de discriminaciones e injusticias; razonar implícitamente sobre la base de una “igualdad sustantiva” como objetivo en la sociedad chilena; no declarar que la inmigración es una facultad y deber del Estado y que este debe regularla y controlarla; tampoco se garantizan expresamente los derechos de agua para los regantes y parceleros, ni se protege con fortaleza el derecho de propiedad individual. Cabe anotar, que en todos estos aspectos la actual Constitución supera largamente en respuestas y certezas al borrador propuesto, entregando una normativa que resulta tranquilizadora para la ciudadanía.

No es menor, entonces, la tarea que espera a los Constituyentes ya que la actual Constitución ha puesto la “vara muy alta” al cumplir, y con creces, las exigencias que un país democrático y de profunda raigambre libertaria exige a su Ley Fundamental y que a lo largo de algo más de 30 años nos ha permitido vivir en democracia y alcanzar un progreso que las cifras y la realidad hacen indesmentible.

El punto es que elegiremos entre una u otra, la vigente o la propuesta.