Las políticas actuales,  sintonizan con el fiel discurso reflexivo  de los estados latinoamericanos,  ante la forma de enfrentar el fenómeno migratorio que, construye  un anclaje narrativo  bastante peculiar incluso de retórica propagandista  “feliz”  de un cumplimiento irrestricto a los  principios originados de la  naturaleza de las  personas,  pero que sin embargo,  en la  ejecución propiamente tal de tareas propias de ante la crisis  migratoria en Chile (de las cuales sabemos  de su inacción u acción tardía que ha llevado a improvisaciones),  se les  ha despellejado a ellos (los migrantes)  de  Constitución y tratados internacionales en la especie,  limitando sus expectativas  ante los derechos humanos,  ( ni hablar de un debido proceso en el caso de la expulsiones, donde existe un desconocimiento  total de las herramientas jurídicas de impugnación, debida defensa,  etc.) que hoy tocan la espalda solo de algunos. Con la entrada en vigencia de La nueva Ley de Migraciones y Extranjería, pareciera ser que el contexto previamente señalado en algunos artículos de dicha norma se agudiza. Solo basta con invocar esta nueva herramienta de control migratorio denominada “reconducción” (devolución migrante en caliente) que representa un mecanismo discriminatorio de derechos fundamentales, donde no se conecta con la realidad vivida por el individuo migrante en ese momento particular, siendo simplemente devuelto al último país transitado, acción en algunos casos es cruel que evidentemente no se tolera, contradiciendo el alma los tratados internacionales en ese orden. Sabemos que enfrentamos una problemática de causa-efecto transnacional que debe sin lugar a dudas ser afrontada de forma multilateral, especialmente con los países limítrofes. No obstante, siendo justos, la nueva normativa de extranjería da luces positivas en lo relativo a la creación del Servicio Nacional de Migración, órgano especializado en la materia que permitirá una mayor organización en el proceso de la migración, esperando que se ajuste a los estándares internacionales para una gestión eficiente.

Lo cierto es que los migrantes ante esta ley, cuya critica ya venía desde la discusión en la comisión respectiva, (y concordando con la jurisprudencia y doctrina actual en la materia), se encuentran  ante un insuperable estado de excepcionalidad en nuestro país,  no logrando  concebir que ellos,  deban ser  amparados lisa y llanamente  y de forma excluyente  con esta  nueva normativa, como si fuese un estatuto regulador  derechos fundamentales distinto o de otro espectro, y ello no es así,  no puede ser concebido como una  Constitución excepcional para ellos,  sino que  es nuestra carta magna la que en  rigor es llamada  a tutelarnos a todos y todas, independiente de ser chilenos o extranjeros.

Haciéndome cargo de otra perspectiva  que sucede en la zona, no es un misterio que se viven días complejos en el norte,  y ello evidencia el origen fenomenológico de la migración actual que no debe ser observado como una moneda que se aprecia desde dos caras,  personalmente lo vislumbro  como una caja de pandora en cuyo interior podemos extraer diferentes dimensiones, con  propósitos diversos dependiendo del día en que se desarrolle cada factor consecuencia de la migración,  los cuales son  más potenciables dependiendo de los ojos críticos  que los miren ( sean positivos o negativos, aunque siempre pesará más lo primero) que pulsa  y refleja una multiplicidad de contextos, como son por ejemplo lo relacionado al descontrol de ingresos por pasos no habilitados; familias avanzando como peregrinaje  de millares de kilómetros ( de las cuales un gran  porcentaje cae  en su objetivo debido al clima hostil de la zona)  con la finalidad de encontrar un nuevo hogar, un trabajo estable o  un  lugar de tránsito,   viendo a Chile como un país de interés y dignificación; búsqueda  que en la actualidad no es lo que esperaban, pero que sin embargo,  no les queda  de otra alternativa, (cabe destacar el actual desabastecimiento de suministros de salud en el control fronterizo en lo relativo a la aplicación de exámenes para detectar COVID19). Mas allá de ello, pareciera ser que la visión que hoy “pega fuerte” en la población conforme lo precedentemente señalado, es lo relacionado con la delincuencia y crimen organizado (factor de la migración desde la visión criminológica). Lo anterior refleja un camino reflexivo oscuro y controversial,  viéndolo reflejado en  grandes grupo de vecinos y agrupaciones de diferentes entidades, saliendo  a las calles comulgando una opinión pública bastante radical,  la cual no es menor conforme la variada cantidad de marchas (Arica, Antofagasta, Tocopilla, priorizando Iquique y Alto Hospicio), y gremios de transporte que paralizaron el ingreso y egreso de vehículos, por el excesivo número de robos y homicidios.

En ese tejido, no es un misterio lo que sucede en las comunas del norte grande, especialmente   Iquique y Alto Hospicio. Esta última donde la crisis migratoria en esas aguas ha sido compleja, pues se ha institucionalizando la  ocupación ilegal de terrenos, siendo esto la regla general de vecindad y la urbanización la excepción, lugar donde se entremezcla, personas de diferentes nacionalidades, familias en búsqueda de una oportunidad de resurgimiento, pero que  sin embargo, viven hacinados, sin agua potable ni alcantarillado, cobija, comida,  acceso a servicio eléctrico,  ni   control policial, espacios que comparten con quienes hacen de dichos entornos, un lugar perfectamente idóneo para el crimen organizado perpetrado por bandas extranjeras ( donde no son simples pandillas, sino organizaciones con jerarquía de atribuciones y ejecución en las tareas delictuales como el  sicariato, contrabando, trata de personas,  tráfico de migrantes y narcotráfico);  con suma claridad  podemos decir  que en una misma toma se  divierten las armas  y las pelotas de futbol.  Solo a modo de ejemplo, en dicha comuna (Alto Hospicio) el control policial es nulo, y no por falta de condición policial, sino derechamente  por falta de personal,  donde el esfuerzo de ellos  a pesar de  ser muchísimo mayor, no alcanza para afrontar oportunamente los reiterados llamados de auxilio por parte de víctimas, lo anterior unido a la falta de cámaras de seguridad que someten una limitación de  las expectativas en las investigaciones por delitos violentos,  ni hablar del número de fiscales (4 actualmente en dicha fiscalía), y funcionarios para la persecución penal  que no dan abasto, mientras sigue creciente y sin ánimo de  detenerse, nuevas  poblaciones que, debido a la perspectiva demográfica de los sectores de la comuna,   dan cabida para su instalación, no obstante la precariedad del acceso a los consumos básicos.

Finalmente este acápite no es sino otro síntoma de  la inactividad o actividad reactiva o tardía inclusive  de políticas públicas que viven las regiones del norte del país, que luego de las manifestaciones de descontento ejercidas por la comunidad  que forman parte de dichos lugares, unido a todos los graves hechos acontecidos de los cuales conocemos públicamente, lograron que el Ministro del Interior del actual gobierno concurriera a la zona,  entregando  conforme el petitorio de los solicitantes, una batería de medidas dentro de las cuales se destaca el aumento de  dotación de personal de carabineros, además de  decretar estado de excepción en cuatro provincias fronterizas del norte: Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa, circunstancias que no satisfacen en absoluto la forma de afrontar el trasfondo de la problemática que comentamos, alejándose de políticas robustas y acordes al rol comprendido por la comunidad internacional en esta materia, llevándonos únicamente a interpretar que la posición del gobierno, (como bien sucede en los estados actuales latinoamericanos) es de enfrentamiento migratorio en base a  una política de “securitización”, apuntando con el dedo a toda persona migrante como un peligro para la seguridad del estado, dejándolos por cierto a la suerte de la administración gubernamental  de turno.

Sin perjuicio a la problemática específica del punto anterior, me  encuentro en la necesidad de sostener  como ya se mencionó en su oportunidad,  que la migración  se debe  colegir conforme un estándar adecuado de  acciones profundas y permanentes, atendiendo  amplia y exhaustivamente a un lineamiento contundente y atingente a las políticas internaciones actuales,  velando por acertados acuerdos entre las naciones latinoamericanas e organizaciones internacionales,  siendo oportunos en la ejecución de planes para enfrentar la migración, estudiando latamente sus causas y orígenes, a pesar de los paradigmas  políticos-sociales que representan nuestros días, evitando con ello analizar  la  crisis ( como tantas crisis que se mantienen en diferentes orden de cosas), cuando todo ya se encuentre sobrepasado, evitando entre tantas vicisitudes, los descontentos de la población que viven en las comunas del norte,  que desgastan esa relación de “confianza y seguridad” con los extranjeros, llevando a un repugnante  enfrentamiento civil  (aunque por ahora de situaciones aisladas), debiendo recapacitar el gobierno sobre la actual lectura  que se tiene al respecto, pues se aplican   prerrogativas ajenas a lo  que es perentorio  y necesario para afrontar el problema, basadas en  políticas públicas  completamente reactivas al momento de su  máxima agudez,  y más aún,   cuando en  tal reacción  produce en el  migrante una afectación de las garantías fundamentales que se exhiben explícitamente todos los días, y que consecuencialmente hacen  construir la forma más irracional y cruda de la visión de los migrante, concluyendo en una opinión simple, esto es,  entender como sinónimo  de delincuencia e informalidad a los migrantes,  pero que siendo cabales, esto es mucho peor, ya que el propio estado pareciera entenderlos como  sujetos   sin garantías fundamentales,  cuestión que lleva  a una completa insatisfacción para  enfrentar el fenómeno como se debe.

Termino señalando que de la Convención Constitucional esperamos precisamente, se aborde en el marco de la nueva Constitución a lo menos de forma clara, precisa y explícita  el reconocimiento de los derechos humanos para los migrantes ( implícito  actualmente en el artículo 19 de la Carta Magna) y el derecho de libre tránsito, ( incluso discutir la figura del asilo),  no obstante creo fielmente  que, no debe construirse un suculento apartado específico  de artículos para esos efectos, pues el hecho de que seamos personas, nos fortalece en todo momento de los principios humanos que de ello provenga, pues  no es un resorte  que deba someterse a una discusión discriminatoria o  de comparación entre unos y otros, sino entre todos por el hecho de ser iguales, es decir,  extranjeros o chilenos deben permanecer en la observancia y supervigilancia  de  una misma vara de protección de derechos fundamentales, bastando únicamente con garantizar de manera explícita en la redacción de la nueva Constitución Política,  los  conceptos señalados  previamente. (Santiago, 15 febrero 2022)