Dictamen de la Contraloría General de la República Nº 12.120-2019: un grave atentado al ejercicio de la profesión de abogado.

Los artículos 56, inciso 2º, de la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, y 84, letra c), de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, establecen, respectivamente, que es incompatible con el ejercicio de la función pública la representación de un tercero en acciones civiles deducidas en contra de un organismo de la Administración del Estado, salvo que los funcionarios actúen en favor de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o que medie disposición especial de ley que regule dicha representación; y que está prohibido para el funcionario público actuar en juicio ejerciendo acciones civiles en contra de los intereses del Estado o de las instituciones que de él formen parte, salvo que se trate de un derecho que ataña directamente a él, a su cónyuge o a los parientes que indica.

Por su parte, la Contraloría General de la República, históricamente, ha interpretado que los señalados preceptos legales que la expresión “acciones civiles” que ambos preceptos legales emplean, comprende “la defensa de las causas litigiosas de contenido patrimonial, en que la contraparte sea un organismo de la Administración del Estado y en las que exista la posibilidad de que sea condenado pecuniariamente” (dictámenes Nºs 79.895-1976; 2.118-2002; 31.267-2010; 4.747-2012; 21.843-2013 y 79.119-2014). Así, por ejemplo, conforme a esa interpretación, es “acción civil” una demanda por responsabilidad del Estado, mas no un recurso de protección (contra un órgano de la Administración).

En este contexto, el decano de una Facultad de Derecho de una Universidad Estatal solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento que determinara si los profesores de las cátedras de enseñanza clínica del Derecho, en sus labores públicas docentes, estaban o no afectos a dicha incompatibilidad y prohibición (o, lo que es lo mismo, si a ellos resultaba aplicable la señalada interpretación administrativa sobre la expresión “acciones civiles” que dichos preceptos legales emplean).