El dinero y sus reglas juegan un papel fundamental en el proceso político electoral, ya sea en democracias consolidadas o en países en procesos de transición o consolidación democráticas. Es más, los flujos de dinero por el ámbito político pueden amenazar valores democráticos claves (Magnus, Ohman: 2015).

En esa línea, consideramos importante conocer las principales formas de financiamiento tanto de las organizaciones políticas como de los gastos en los procesos electorales, y así poder identificar las ventajas y desventajas de las mismas, a fin de proponer, iniciativas de reforma institucional que optimicen el modelo de financiamiento electoral de un determinado país, atendiendo al contexto y características particulares del mismo.

Tres modelos de financiamiento político

En ese sentido, debemos precisar que existen tres formas de financiamiento: el privado, el público y el mixto. El primero comprende los recursos en dinero o en especie que los partidos obtienen a través de los aportes de particulares. El segundo se refiere a todo tipo de subsidio que otorga el Estado a los partidos. Este subsidio puede ser directo cuando se transfieren recursos monetarios a los partidos, e indirecto cuando se trata de transferencias no monetarias que benefician a los partidos, tales como servicios, acceso a los medios de comunicación (la denominada “franja electoral”, como es conocida en el Perú, por ejemplo), beneficios tributarios para los partidos o bien a los donantes de los mismos. El tercero está compuesto tanto de financiamiento privado como de financiamiento público (Karl, Nassmarcher: 2013).

Ventajas y desventajas de los modelos de financiamiento político

Al respecto, expondremos tres apuntes sobre la importancia que cada una de las tres formas de financiamiento político tienen en los procesos electorales actuales de todas las democracias de occidente:

– El financiamiento público tiene como objetivo garantizar un mínimo de recursos a todos los partidos (un piso mínimo) frente a los desequilibrios que se derivan de un financiamiento privado exclusivo. Hoy en día, el acceso a los medios de comunicación como la televisión es la fuente de financiamiento público indirecto más importante (De la Calle, Humberto: 2004).

– El financiamiento privado permite que tanto el candidato como el partido se mantengan cercanos y atentos a los electores, porque no solo se tratará de ganar sus votos sino también de obtener sus contribuciones. Ahora bien, y a pesar de las limitaciones que puedan establecerse en cuanto a monto y procedencia, el dinero privado no deja de ser una fuente importante de recursos que puede influir de manera determinante en la competencia electoral e incluso en los resultados de las elecciones. Por eso es importante adoptar medidas para afrontar los efectos negativos del mismo: favores políticos en legislación, licitaciones, beneficios tributarios, entre otros (Javier, Manuel: 2021).

– El financiamiento mixto que combina dinero público y privado como fuentes legales de recursos de los cuales los partidos pueden hacer uso es el más común en las diversas democracias de occidente. En los países que se ha optado por este modelo se entiende que las ventajas de ambas formas de financiamiento mitigan recíprocamente las desventajas que cada una de ellas trae consigo.

El financiamiento político en América Latina

En esa línea, ocupándonos del caso latinoamericano, resulta necesario recordar que los problemas de financiamiento político en la región no parecen derivarse de una falta de regulación, sino de la incapacidad para hacer cumplir las normativas. Es más, pareciera que no se trata exclusivamente de un problema de financiamiento sino de una característica de la evolución del Estado de derecho en América Latina (Londoño, Juan y Zovatto, Daniel: 2015).

Asimismo, los autores referidos sostienen que tampoco se trata de una situación unidimensional; más bien, afirman, resulta de una convergencia de variables -incluidos factores culturales; diseños normativos excesivos e inadecuados; incapacidad institucional y falta de mecanismos de supervisión pública, política y jurídica- que en conjunto asegurarían un nivel adecuado de cumplimiento de las normas y una verdadera rendición de cuentas.

A su turno, para hablar de la solución a este problema, los autores citados mencionan que la misma exige voluntad política, y los organismos competentes para la supervisión y el cumplimiento de la ley deben tener la flexibilidad institucional adecuada para cooperar con otros actores estatales que intervienen en la lucha contra el financiamiento ilícito. Ello es así, porque en América Latina las principales dificultades para entender y atajar eficazmente el problema del dinero no deseado en la política están relacionadas y, por ende, exigen el concurso del Estado en su conjunto.

En todo caso, ambos autores estiman que son cuatro las variables que los Estados de la región deben tomar en consideración si quieren enfrentar con éxito la cuestión del dinero en la política y la regulación del financiamiento:

a) Falta de transparencia e información fiable

b) Regulaciones mal conceptualizadas

c) Infiltración de financiamiento ilícito

d) Ausencia de organismos sólidos para la supervisión y el cumplimiento de la ley.

Claves para el debate en torno al financiamiento político y propuestas de reforma a nivel global

Por último, siete son las conclusiones a las que se arriba en lo relacionado al financiamiento político en todo el mundo (Falguera, Elim: 2015). A continuación, las resumiremos pues consideramos que deben servir como fundamento para el debate y las reformas institucionales que se propongan sobre la materia:

a) El contexto es la clave. Las regulaciones del financiamiento político diseñadas a medida para el contexto de un país determinado tienen más posibilidades de ser aplicadas y cumplirse con éxito.

b) Las leyes son importantes, pero logran poco por sí mismas. Las reglas oficiales por sí mismas no pueden tener una repercusión importante. Las normas se eluden con demasiada frecuencia e, incluso, se utilizan como herramienta para la opresión política.

c) El cumplimiento de la ley es el eslabón más débil. En la última década, el deficiente cumplimiento de la ley se ha identificado en reiteradas ocasiones como el eslabón más débil en el control del financiamiento político; tendencia que se mantiene en la actualidad.

d) Es preciso abordar la brecha de género en el financiamiento. Las mujeres se enfrentan a más obstáculos en la recaudación o en el acceso a los fondos que los hombres. Debido a que existen múltiples razones para estos obstáculos estructurales, cualquier solución debe ser polifacética.

e) Las redes de pares son una forma eficaz de fomentar las reformas. El establecimiento de iniciativas regionales sobre la materia ayudaría a los países a identificar las deficiencias de las políticas nacionales de financiamiento político y ejercería presión entre ellos para someterse a las reformas institucionales y legislativas necesarias.

f) Es necesaria una mayor implicación en el desarrollo de las regulaciones. Una forma de asegurar que las regulaciones del financiamiento político no sirvan de forma exclusiva a los intereses a corto plazo de los políticos es implicar en su desarrollo a un gran número de partes interesadas. Si esto se lleva a cabo, se debe tener cuidado para evitar marcos reguladores demasiado restrictivos que debiliten la vitalidad y el dinamismo de los partidos políticos.

g) La información sobre el financiamiento de los partidos y los candidatos debe ser clara y accesible. Hasta que no se proporcione información básica sobre las finanzas de los partidos y los candidatos de fácil acceso, resultará complicado conseguir transparencia sobre el dinero en la política.

Finalmente, retomando lo dicho por Londoño y Zovatto, pareciera que en el caso de América Latina los problemas del financiamiento político están directamente asociados con la debilidad institucional del Estado de Derecho y la democracia. En otras palabras, mientras no se fortalezcan a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, será muy difícil, por no decir imposible, resolver los problemas que el binomio dinero y política generan. (Santiago, 6 diciembre 2021)