El administrador provisional y las buenas intenciones.

El proyecto de ley que crea la figura del administrador provisional y de cierre de planteles de educación superior plantea serios problemas en su diseño. Si bien la idea e intenciones que subyacen al proyecto son compartidas, al llenarse un vacío en nuestro ordenamiento jurídico y permitir evitar situaciones como las ocurridas con el cierre de la Universidad del Mar, impidiendo que los alumnos no puedan proseguir con sus estudios, no es menos cierto que el articulado actual demuestra cierta premura, lo que podría generar indeseables problemas, de los cuales se da cuenta a continuación:

1.- Contexto del proyecto de ley. El proyecto se enmarca dentro de la reforma educacional impulsada por el actual Gobierno, donde desde el Ministerio de Educación se ha segmentado en diversos proyectos de ley dicho proceso de reforma. Se comenzó, en palabras del propio Ministro, desde lo macro educacional a lo micro educacional; visión que no compartimos, ya que representa la forma clásica en que se han venido desarrollando las cosas en Chile que, incluso, atenta contra la naturaleza misma de la educación, viéndola como un fenómeno segmentado y no en su integralidad, dejándose fuera a los actores más relevantes de proceso, como son los profesores y los padres y apoderados.

Con base en lo anterior, la figura del administrador obedece a una mera “agenda corta” del Ministerio, el que se debió enmarcar un proyecto más macro que permitiera abordar la solución de continuidad de los planteles de educación superior. Si bien se produciría un cambio significativo a lo que hoy tenemos, el proyecto deja en el aire una serie de aristas e interrogantes, generando simplemente un eventual cierre diferido y no inmediato, pero por medio de una figura que atenta contra varios pasajes del texto constitucional.